La justicia allanó oficinas de "falicitadores" rusos en Puerto Madero.

Tras la aparición de tres agentes de inteligencia rusos en Eslovenia con pasaportes argentinos, el gobierno de nuestro país empezó a "controlar" la llegada de mujeres rusas embarazadas al aeropuerto internacional de Ezeiza. En los últimos meses más de 10 mil ciudadanos rusos, según fuentes oficiales, arribaron a la Argentina. Más de la mitad eran mujeres embarazadas entre la semana 34 y 37.

Hace dos meses, la noticia de color de los noticieros vespertinos eran las rusas que llegaban al país para parir con los colores celeste y blanco. Pero, con el correr del tiempo y la aparición de escandalosos datos internacionales, la noticia giró hacia lo policial y judicial.

Tras una investigación que comenzó hace 45 días, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza Maria Romilda Servini, y la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina (PFA), identificaron a los supuestos líderes de una agencia que se dedicaba a otorgar residencias permanentes a ciudadanos rusos, casi todas, mujeres y embarazadas.

Ubicada en Puerto Madero, las oficinas de la agencia fueron allanadas este fin de semana. En la calle Juana Manso al 590, vivía una pareja conformada por Olga Guz de 33 años, nacida en Kazajistán aunque con DNI argentino. Se dedicaría a los “servicios de traducción e interpretación”. Sería la encargada de gestionar los trámites en Migraciones.

La acompañaba Javier Alejandro Sánchez, que se dedica a “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Les secuestraron dos teléfonos celulares, novecientos 12.900 dólares, $100.770, cinco notebooks, una tablet, una CPU, cuatro chips de celular, pasaporte y dos DNI de la sospechosa.

El segundo allanamiento se realizó en Azucena Villaflor al 550. Allí identificaron otros dos investigados. Se trata de Elena Kuklina, una joven de 26 años de nacionalidad rusa y su pareja Ruslan Yuslashev, (39). Se dedican a los “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”. 

No son los únicos investigados por la justicia.