El entramado societario en torno a las cooperativas a las que el municipio de Quilmes y su intendenta, Mayra Mendoza, les concedió contratos por $535 millones es cada vez más amplio. Ahora, parece que las contrataciones se hicieron sin que estuvieran “debidamente justificadas”, ni por las necesidades del trabajo ni por los montos.

Esta conclusión preliminar se desprende del entrecruzamiento de datos recabados, hasta ahora, por los investigadores judiciales en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo.

“Hay un abanico de personas, sociedades, cooperativas, movimientos de dinero y bienes bajo análisis”, sostuvo una fuente judicial al sitio Infobae.

“Los expedientes municipales que dan origen a los decretos firmado por Mayra Mendoza son desprolijos en cuanto a necesidades, plazos y montos, y no está justificado por parte del Municipio el motivo de la contratación de esas cooperativas. En su mayoría con para tareas de limpieza, cortado del pasto o mantenimiento general, tareas que luego de un tiempo son incomprobables. No se trata de reparaciones, por ejemplo de un techo, con un requerimiento verificable detrás”, expreso la fuente al citado medio.

“Parecería más bien una maniobra para sacar fondos del Municipio, de los cuales luego una parte iba al bolsillo de los involucrados, y otra quizás retornaba a la política”, deslizó la fuente con acceso a las pruebas que hay en el expediente hasta el momento.

“Hay contrataciones en las que las tres cooperativas que se presentan para justificar el monto adjudicado de forma directa están vinculadas a la misma persona”, agregó, en referencia a Martín Bordalejo.

Las cooperativas de trabajo involucradas en la maniobra bajo sospecha están, en su mayoría, vinculadas a Bordalejo. Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales de Quilmes y se convirtió, en la gestión de Mendoza, en uno de los principales beneficiados.