Delgado se va de la fiscalia y llega al Banco de Córdoba

El final de la gestión de Juan Manuel Delgado como fiscal general de Córdoba ya no admite dudas. Con el pliego de su reemplazante firmado y la asunción prevista para marzo, Delgado atraviesa sus últimas semanas en el cargo sin margen de maniobra ni poder real. Pero mientras se cierra esa etapa, comienza a abrirse otra: su posible desembarco en el Banco de Córdoba, en paralelo a una catarata de denuncias que lo esperan fuera de Tribunales.

Según trascendió en el ámbito político y judicial, el fiscal general saliente tendría reservado un lugar en la estructura del banco provincial una vez concluido su mandato. El movimiento es leído por sectores críticos como un refugio institucional para un funcionario que deja la jefatura del Ministerio Público Fiscal en medio de fuertes cuestionamientos y con un escenario judicial cada vez más adverso.

La salida de Delgado no ocurre en un clima neutro. Por el contrario, su gestión queda marcada por acusaciones graves formalizadas en diciembre pasado, que cobran especial relevancia en el actual contexto de recambio institucional. Entre los señalamientos se mencionan presuntos hechos de estafa procesal, amenazas, coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daños y perjuicios, todos ellos vinculados —según las presentaciones— a su actuación directa o a través de sus socios en el estudio jurídico, de público conocimiento, y abogados allegados, en causas judiciales sensibles.

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con denuncias que lo acusan de haber intervenido en procesos judiciales a través de sus socios en el estudio jurídico —de público conocimiento— y abogados allegados, en una maniobra que, según los denunciantes, buscaba torcer el curso de expedientes civiles millonarios. Estas presentaciones, que hasta ahora convivieron con el silencio institucional, prometen tomar otro volumen cuando Delgado ya no sea fiscal general.

En ese contexto, su figura pasó de ser la de un jefe de fiscales con respaldo político a la de un funcionario en retirada, con poder formal agotado y una agenda judicial que amenaza con avanzar sin los límites que impone el cargo. De hecho, dentro de Tribunales ya se lo describe como un fiscal general “sin lapicera”, a la espera del recambio definitivo.

La posibilidad de asumir un rol en el Banco de Córdoba agrega un condimento político adicional. Para algunos sectores, se trata de una salida prolija; para otros, de una señal preocupante: un pase directo desde la cúspide del sistema penal a una institución financiera estatal, justo cuando se multiplican las denuncias por presunto mal desempeño y abuso de poder.

En ese sentido, los denunciantes advirtieron que no resulta compatible una eventual designación de Delgado en el Banco de la Provincia de Córdoba mientras se encuentran vigentes pedidos de juicio político y ampliaciones de fundamentos presentadas ante la Legislatura. En particular, se señala que algunos de sus socios profesionales mantienen vínculos directos con la entidad bancaria, lo que —según denuncias— profundiza las sospechas sobre un entramado de poder que excede el ámbito judicial.

Con la sucesión ya definida y el recambio en marcha, la pregunta que queda abierta no es quién conducirá la Fiscalía desde marzo, sino qué recorrido judicial tendrá el propio Delgado una vez fuera del cargo. Si las denuncias avanzan, su salida de Tribunales podría marcar o no un cierre, sino el inicio de una nueva etapa, esta vez como protagonista de los expedientes.