Investigación revela vínculos entre políticos, narcos y negocios inmobiliarios en Villa Saralegui

El secuestro de un boleto de compra-venta durante allanamientos realizados la semana pasada en Villa Saralegui ha puesto en evidencia una relación comercial de interés público que involucra a personajes vinculados a actividades ilícitas y a la política local. La documentación, que fue incautada el jueves pasado en el marco de una causa por defraudación millonaria contra la comuna, revela conexiones entre Nicolás Sola Capriotti, hijo del ex presidente comunal Walter A. Sola, y Cristian Javier Rivadeneyra, condenado en 2018 por delitos relacionados con el comercio de estupefacientes en Rafaela.

El documento en cuestión, rubricado en mayo de este año, registra la transferencia del 50% indiviso de cuatro lotes de 400 metros cuadrados en Saladero Cabal, departamento Garay. La jueza Cecilia Labanca, a cargo de la investigación, dictó medidas cautelares que incluyen una "prohibición de innovar" sobre el bien y otros boletos de compraventa a nombre de los involucrados, además de embargos por más de 126 millones de pesos, respaldados por bienes propios de los investigados.

Estas acciones judiciales forman parte de un proceso que también contempla investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, en un contexto en el que los vínculos entre los implicados y actividades ilegales parecen extenderse más allá de los aspectos patrimoniales. La fiscal Bárbara Ilera, responsable de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público, destacó que la medida fue acordada con la colaboración de la defensa, que logró la libertad de los imputados bajo condiciones, tras casi una semana de detención.

Un aspecto que sorprendió en la audiencia fue la evidencia documental que relaciona a los Sola y Rivadeneyra con un conocido narcotraficante apodado “Gordo Maradona”, con un pasado judicial que lo vincula a la organización de tráfico de drogas en Rafaela. Rivadeneyra, condenado en 2018, lideraba una red que operaba en esa ciudad y en la región de la costa del río San Javier, con actividades encubiertas mediante un complejo de cabañas y casas de campo en Saladero Cabal, donde también funcionaban cocinas clandestinas para el estiramiento de cocaína y laboratorios de precursores químicos.

La investigación, que se remonta a una década atrás, revela un entramado que combina negocios inmobiliarios, actividades ilícitas y conexiones con figuras de la política local, evidenciando la existencia de redes de corrupción y criminalidad que desafían las fronteras del delito y la gestión pública en la región. La causa continúa en desarrollo, a la espera de nuevos hallazgos que puedan esclarecer la magnitud de estas relaciones y su impacto en la comunidad de Villa Saralegui y más allá.