Tras la nueva embestida del presidente Alberto Fernández contra la Justicia y los jueces y fiscales que investigaron a su compañera Cristina Kirchner, llega el «tribunal ético» internacional contra el lawfare. Y sin lugar a dudas, Eduardo Barcesat resulta fundamental para este engendro cuyo fin, ni más ni menos, es garantizar impunidad.

Entrevistado por Perfil.com, el abogado explicó que el tribunal internacional evaluará y analizará las sentencias. Ese tribunal cuenta con la participación estelar del ex juez español Baltasar Garzón. Y al estilo de la Comisión de la Memoria de Adolfo Pérez Esquivel, pretende citar a declarar a periodistas que investigaron la corrupción. ¿Querrán que revelen sus fuentes periodísticas? No es el primer intento al respecto. ¿Hablarán de «acción psicológica»? ¿Nunca se preguntan cómo se gestionan las entrevistas a extorsionadores confesos en algunos canales de noticias? ¿Quién guiona a quién?

Para Barcesat, la tarea no es nueva. Fue uno de los artífices de los juicios populares en Plaza de Mayo que organizó y financió la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Uno de ellos, contra el periodismo. En él incluyeron a -por ejemplo- Magdalena Ruiz Guiñazú, protagonista clave en la Conadep que investigó los delitos y asesinatos perpetrados por la última dictadura.

También, Barcesat fue quien promovió la incorporación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como querellante en la causa Sueños Compartidos. Estrategia que luego copiaron -con éxito- procesados por delitos de corrupción en la causa de Dolores. De esta manera, los sospechados de victimarios pasaron a recibir trato de víctimas.

El abogado tuvo que dejar la defensa de Madres luego de que se descubriera que dirigía el Laboratorio de Políticas Institucionales de la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo. Ese año (2011), el Laboratorio había recibido más de un millón de pesos. “Es una pelotudez”, dijo al respecto en mi libro El negocio de los derechos humanos.

Barcesat fue reemplazado por Eduardo Fachal, quien es jefe del área de Control Comunal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Al dejar su cargo, afirmó que Schoklender estaba preparando «un tercer parricidio». Esa semana, el Schoklender había dado a conocer que a Barcesat se le depositaba una jugosa suma de dinero gracias a las gestiones de Aníbal Fernández, quien le indicaba los pasos a seguir en la causa. Schoklender agregó que el abogado era un funcionario encubierto del Gobierno nacional, contratado para armarle denuncias a Mauricio Macri, y que el ex jefe de gabinete había forzado a la Fundación a suscribir el citado convenio, firmado por Hebe de Bonafini, para crear el antes citado Instituto de estudios jurídicos en la Universidad.

Al día siguiente de la salida del libro Sueños Postergados del ex apoderado de la Fundación, Barcesat me dijo que las denuncias contra Macri eran públicas, ciertas y contaban con el respaldo de la Madre pero que eran uno más de otros tantos temas que se estudiaban en el Instituto. Remarcó que, por prudencia, había dejado de representar a Hebe pues, “cuando hay alguien como este hombre (por Schoklender) que prende el ventilador y salpica para todos lados era conveniente dividir funciones”. No especificó en qué consistía esa incompatibilidad de funciones. La relación entre Barcesat y el ex apoderado nunca había sido buena.

Desde la creación de la Universidad Popular, cuando fue excluido y minado su ingreso como Director de la Carrera de Abogacía por “el monje negro”, Barcesat desconfiaba de Schoklender.

Hoy vuelve a la carga contra los periodistas que investigaron la corrupción de los funcionarios K. La historia es repetida. El mismo fenómeno que realizó en la Fundación de las Madres para invertir la prueba. Los delincuentes no serían los corruptos sino los periodistas que los investigaron.