El falso abogado había denunciado un estado de detención «inhumano»; se cruzaría con personajes como Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, quienes lo denunciaron mediática y judicialmente.
Investigación21/01/2020
Luis Gasulla
Preocupada por la salud de Marcelo D’Alessio, su esposa presentó en el Juzgado N° 1 de Lomas de Zamora un recurso de hábeas corpus. La presentación se dio luego de que, el 23 de diciembre pasado, se reuniera con el juez de la causa de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para plantearle las condiciones de detención en que se encuentra su esposo.
El entorno de D’Alessio aseguró a PyP que el falso abogado no puede recibir visitas -excepto en la minúscula oficina de los abogados, en la que sus hijos se cruzan con condenados por asesinato, violación o narcotráfico-. Tampoco le permiten ver el sol. Y las caminatas, solicitadas por los médicos, no se cumplen.
Pero eso no es todo. Tras la entrevista que concedió a este portal, personal de la Procuración General lo visitó en el Hospital Penitenciario, donde se encuentra detenido desde febrero. Anteriormente, Claudio Folgar -su abogado- había presentando otro hábeas corpus por el que no obtuvo respuesta. El ex letrado de Juan Carlos Blumberg cree que se está incumpliendo la ley.
Según la presentación -a la que Periodismo y Punto tuvo acceso-, “pasada la medianoche, personal del Servicio Penitenciario Federal se presentó ante D´Alessio y le dijeron que por orden del juez Ramos Padilla debía ser trasladado al IRIC”. Allí se cruzaría con otros detenidos por causas de corrupción como Daniel Pérez Gadín y Lázaro Báez quienes denunciaron pública y judicialmente al falso abogado.
«Estas personas, junto con sus letrados (Terzano, Gazano –se refiere a Elizabeth Gasaro letrada de Báez-) están siendo investigadas, supuestamente, por el Dr. Bonadío por haber armado la operación que diera origen a la causa Dolores y sugestivamente el SPF por una supuesta orden del juez Ramos Padilla intenta ahora juntar a D´Alessio con personas con las cuales existen denuncias recíprocas”, apunta el escrito.
También, el texto alude al operativo “Puf” que se investiga en el juzgado de Claudio Bonadío. Ese operativo señala que implicados en la denuncia en cuestión conocían y orquestaban la “operación Dolores” antes que llegase al juzgado de Dolores. Uno de los protagonistas de la operación habría sido el procesado ex funcionario K Roberto Baratta, financiado por empresarios de la obra pública que deseaban voltear la causa Cuadernos. El objetivo habría sido el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.
Ahora, el denunciado por espiar podría convivir en prisión con los denunciados por “caminar” al falso espía. Una trama hollywoodense en la que un juez cuya bandera son los derechos humanos –así lo atestigua su carrera- debe decidir qué hacer con un detenido que incomoda a todos.
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