El 25 de marzo de 2020, Alberto Fernández anunció el fin de la Argentina de los vivos, los que “se zarpan, que pasan sobre los “bobos”. Los zigzagueantes discursos, las filminas y una foto confirmaron que el Presidente nos había vuelto a engañar.  

Un año y medio después y, tras una dura derrota electoral, Fernández decretó el fin de la pandemia. Pero la Argentina que queremos –tal como reza la publicidad oficial- estaba muy lejos de concretarse. Al menos para los ciudadanos de a pie. Sin educación, trabajo, estabilidad económica, seguridad ni justicia, llegaron las prebendas de la mano del plan “platita”. En las últimas horas, el juez electoral Alejo Ramos Padilla recibió la denuncia de los abogados Jimena de la Torre y Lucas Incicco por la entrega clientelar en el conurbano bonaerense de electrodomésticos, pavas eléctricas, cajas de alfajores, mates con logos partidarios, tarjetas telefónicas, descuentos en supermercados y hasta la posibilidad de saldar deudas en tarifas públicas si votas en La Pampa.  

Las heladeras de General Rodríguez y sus carteles militantes colgados bajo amenaza de “correctivo” como le solicitó Juan Cabandié al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ocho años atrás, por osar la agente de tránsito, Belén Mosquera, pedirle el registro de conducir a una persona que se “bancó la dictadura”, destaparon una olla repleta de “platita” como bautizó el candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollán.  

En la Argentina de los privilegios, el aparato estatal te defiende si perteneces a su espacio político. No importan los hechos. No interesa si el acusado es condenado por la justicia y, mucho menos, si los delitos fueron descubiertos por el periodismo de investigación. Tal como sentenció Jorge Lanata, el kirchnerismo “desapareció los hechos”. El condenado ex vicepresidente Amado Boudou es un perseguido político como el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi o Ricardo Jaime pasando por la estrella del momento, Facundo Jones Huala defendido, a capa y espada, por la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Al símbolo de los Derechos Humanos, no se le conoce protección alguna, del referente Qom –también son pueblos originarios- Félix Díaz cuando la policía de Gildo Insfrán lo corría a los tiros. Mucho menos, cuando La Cámpora, comandada por el actual ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, lo corrían de la avenida 9 de Julio.  

Pertenecer tiene sus beneficios. En mi último libro, “La Casta. La Patria Somos Todos”, concluyo que la única regla que respeta el kirchnerismo es que no las respeta. Alberto Fernández firmó decretos que él mismo incumplió tal como terminó de confirmar la foto que obtuvo Guadalupe Vázquez de la Fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en medio de la cuarentena.  

El proyecto político kirchnerista puede encabezarlo un Kirchner, Daniel Scioli, Boudou, un conservador como Juan Manzur o un zigzagueante político como Alberto Fernández que se abrazó con todos y todas. No se trata de ideologías. El único proyecto es la perpetuación en el poder. El poder por el poder mismo. En ese sentido, los privilegios no se tocan. 

¿Cómo es posible que los amigos de la Primera Dama circulaban libremente la noche del cumpleaños de Fabiola en medio de la estricta cuarentena? Ahora que sus estrategias judiciales se bifurcan y han cambiado sus defensas, ¿quién financia a sus costosos letrados? Nadie puede dudar de la experiencia en los pasillos de Comodoro Py de Alejandro Rúa como Mauricio D'Alessandro o el reconocido Juan Pablo Fioribello con su socio Mariano Lizardo. Defensas sólidas en los juzgados y en los medios de comunicación donde empieza a definirse el futuro de sus clientes. ¿Quién les paga? Semanas atrás, uno de los prestigiosos abogados le solicitó a un cliente un pago de 200 mil dólares para defenderlo. Demasiado caro para una monotributista –no tan exitosa ante la AFIP- como la vestuarista de Fabiola Yáñez que, dicho sea de paso, viajaba por Europa y regresaba en auto oficial. 

La Argentina de los vivos, que se zarpan, que pasan sobre los “bobos”, no se terminó el 25 de marzo del año pasado, tal como aseguró el Presidente de la Nación.  

Al contrario, está más viva que nunca.   

Al cierre de esta edición, la ANSES aceptaba que la vicepresidenta Cristina Kirchner cobre dos pensiones millonarias y reclame un retroactivo por más de 120 millones de pesos. 80 mil jubilados le ganaron los juicios al Estado pero no tuvieron la suerte de la Jefa.