El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, está cada vez más complicado. El fiscal Álvaro Garganta lo imputó formalmente por un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. En la maniobra también quedaron involucrados funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector. En total, fueron imputadas 16 personas.
Durante la investigación, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a Transporte, contaba con la participación de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España). Esa hipótesis se acaba de confirmar con un informe reservado que llegó del exterior.
Las peluqueras del Sheratton Hotel también declararon en la causa judicial radicada en Campana e involucraron a Pombo en los manejos ilegales con el senado provincial y asesguraron que era la verdadera dueña del local.
Si alguno de los involucrados se quiebra en la justicia la causa podría escalar hacia los jefes políticos de D´onofrio. Esto es, Sergio Massa.
