Controversia Judicial: La Liberación de Barras Bravas Desata Crisis en Argentina

El gobierno nacional ha tomado la determinación de presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la jueza Karina Andrade. Esta acción se produce tras la decisión de la magistrada de ordenar la liberación de los individuos detenidos durante la reciente marcha de jubilados, en la cual participaron también barras bravas y militantes políticos. El anuncio fue realizado esta mañana por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien justificó la medida al señalar un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la jueza.

En un comunicado divulgado a través de su cuenta oficial en la plataforma X, el ministro expresó su enérgica condena hacia los barras bravas, describiéndolos como “criminales organizados” que, según su versión, acudieron al Congreso con la intención de causar destrozos y agredir a las fuerzas policiales. Cúneo Libarona enfatizó que lo sucedido no puede considerarse una mera protesta o un ejercicio de la libertad de expresión, sino que, más bien, representa la actuación de delincuentes que cometieron delitos flagrantes ante la mirada atenta de la sociedad.

La jueza Andrade tomó la decisión de liberar a más de 110 personas que habían sido detenidas por la Policía de la Ciudad, de las cuales 94 habían sido arrestadas en el contexto de los incidentes ocurridos durante la marcha. Estas detenciones se llevaron a cabo bajo acusaciones de atentado y resistencia a la autoridad, lo que añade un contexto de seriedad a la situación.

En respuesta a estos acontecimientos, Cúneo Libarona expresó su descontento, cuestionando la rapidez con la que la jueza decidió liberar a los detenidos, en lugar de investigar a quienes enviaron a esos barras a generar el caos. “Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, señaló el ministro. Su postura fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien también hizo eco de estas preocupaciones. Esta situación ha encendido un amplio debate sobre la actuación del sistema judicial en el contexto de la seguridad y el orden público.

En un reciente pronunciamiento, Manuel Adorni, portavoz del presidente, expresó su preocupación acerca de la situación de la inseguridad en Argentina. A través de su cuenta en la red social X, afirmó que “la justicia de la puerta giratoria” es una de las principales responsables de la creciente inseguridad en el país. Además, sostuvo que aquellos que defienden la impunidad en cada decisión judicial también deberían ser considerados cómplices de esta problemática.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se pronunció sobre la situación. En declaraciones realizadas esta mañana, manifestó que es complicado luchar contra la violencia organizada cuando, tras la detención de 130 o 140 personas, una jueza decide liberarlas en pocas horas argumentando que estaban defendiendo derechos. Esta situación, según Francos, dificulta enormemente los esfuerzos por erradicar la violencia y la criminalidad en la sociedad argentina.

En la resolución emitida por la jueza Andrade, a la que tuvo acceso Infobae, se expone lo siguiente: “En virtud de la solicitud presentada por la defensa, he procedido a examinar detenidamente la información proporcionada. En este contexto, considero que las detenciones en cuestión involucran un derecho constitucional fundamental: el derecho a la protesta, a manifestarse en el marco de una democracia y a ejercer la libertad de expresión. Este derecho adquiere una relevancia particular en una fecha como la de hoy, en la que se convoca a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, incluidos nuestros adultos mayores, quienes cuentan con una protección convencional. Por lo tanto, es imperativo que desde el Poder Judicial se preste especial atención a esta circunstancia”.

La jueza prosiguió su argumentación señalando: “Si bien no emitiré juicio alguno sobre la aplicación del derecho sustantivo ni sobre la investigación que podrá llevar a cabo la fiscalía, reconozco que la complejidad de los derechos en juego y la necesidad de informar adecuadamente sobre la existencia de una posible conducta penal, hacen inviable la aplicación del procedimiento de flagrancia en este caso. En consecuencia, con el objetivo de asegurar una pronta ejecución de esta resolución, adelanto este extracto y dispongo la inmediata liberación de los detenidos vinculados a los eventos ocurridos en el Congreso de la Nación”.

A pesar de que la protesta estaba programada para dar inicio a las 17 horas, los primeros incidentes se desataron poco después de las 16, cuando las fuerzas policiales intentaron implementar el protocolo destinado a controlar los piquetes. A medida que avanzaba el tiempo, la atmósfera se tornó cada vez más tensa. Grupos de barras bravas, provenientes de diversos clubes deportivos, se unieron a la manifestación, intensificando la situación al comenzar a arrojar piedras y otros objetos contundentes hacia las autoridades.

Ante esta escalada de violencia, la policía no tardó en responder con medidas de control más enérgicas. La utilización de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes se convirtió en una estrategia para dispersar a los sectores más agresivos de la multitud. Los enfrentamientos, que se prolongaron durante más de tres horas, transformaron el entorno en un escenario caótico, donde el clamor de los manifestantes se entrelazaba con los estruendos de la represión. La jornada, que comenzó como una protesta pacífica, se vio envuelta en una espiral de violencia que desdibujó los motivos iniciales de la convocatoria.

Desde el Gobierno se ha calificado la reciente manifestación como un intento de desestabilización. En el transcurso de estos disturbios, al menos 46 individuos han sufrido diversas lesiones, de las cuales 26 corresponden a efectivos de la fuerza policial. Uno de los casos más preocupantes es el del reportero gráfico Pablo Grillo, quien, a sus 35 años, fue víctima de un impacto en la cabeza causado por una cápsula de gas lacrimógeno.

El estado de Grillo ha sido calificado como crítico tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ramos Mejía. Fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han informado a Infobae que su pronóstico continúa siendo reservado, lo que ha generado gran preocupación en el ámbito periodístico y en la sociedad en general.

Por otro lado, la Policía de la Ciudad ha reportado que, en total, 20 de sus agentes resultaron heridos durante el enfrentamiento con los manifestantes, de los cuales cinco permanecen actualmente hospitalizados. Además, se ha dado cuenta de daños significativos a la propiedad estatal, incluyendo seis vehículos móviles y dos patrulleros, cuyo costo individual asciende a 55 mil dólares, según precisó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Este contexto invita a una reflexión profunda sobre la situación de orden público y la necesidad de abordar los conflictos sociales de manera constructiva y pacífica.