Un documento elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentado en el caso de la confiscación de la empresa, donde Argentina ya fue sentenciada a pagar más de USD 16.000 millones en la primera instancia.
Economía07 de noviembre de 2024
Alejandra Larrea
Hoy, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un documento en apoyo a Argentina en el litigio sobre la nacionalización de YPF.
En el escrito legal presentado frente a la magistrada Loretta Preska en el distrito dos de Manhattan, se solicita que no se considere los planteamientos de Burford Capital, quien pretende adquirir las acciones de la compañía petrolera.
Burford, una firma legal británica experta en adquirir reclamaciones de naciones independientes, resultó ser el gran triunfador en el fallo inicial en el que Preska ordenó a Argentina pagar más de USD 16.000 millones por la controvertida expropiación de YPF en 2012, durante el mandato de Cristina Kirchner como presidenta.
La señal de apoyo del gobierno de Joe Biden al país se produjo justo cuando se anunció que Donald Trump será el próximo presidente de esa nación. En la exposición realizada por Damian Williams, quien es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se argumenta que otorgar la orden de transferencia de las acciones de YPF solicitada por los demandantes infringiría las reglas de inmunidad soberana de dicha nación. Y sugiere a Preska que no acepte esa petición.
Además, resalta la creencia arraigada en el gobierno de Estados Unidos de que sus jueces carecen de autoridad para llevar a cabo la confiscación de activos de naciones extranjeras. Según el documento de 10 páginas, otorgar la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes a Argentina respecto a su propiedad soberana en su territorio sería contrario a las leyes de inmunidad soberana y no debería ser autorizado por la Corte.
“El Departamento de Justicia le dice a la jueza Preska que conceder la orden de turnover de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos y le pide a Preska que rechace el pedido. Dice también que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que los jueces de Estados Unidos no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos. Ese es el caso de las acciones de YPF que son propiedad del Estado argentino porque son acciones que se encuentran en Argentina, en el registro de la sociedad, y no cotizan en Nueva York”, le dijo a Infobae Sebastián Soler, especialista en el caso y ex Viceprocurador del Tesoro del gobierno anterior.
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, agregó que este amicus curiae del Gobierno de EEUU en el caso de la expropiación de YPF era esperado. “Se argumenta que el pedido viola leyes norteamericanas y, al mismo tiempo, abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y Argentina, en el futuro, pueda hacer lo mismo con alguna empresa, o un activo soberano norteamericano. Esto no afecta el fallo de los 16.000 millones, no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación”, aseguró.
La referencia de Maril corresponde a otras dos instancias de esta causa. Una se cursa en el propio estrado de Preska y tiene que ver con otro pedido de Burford: que la corte reconozca el alter ego entre el Estado argentino e YPF y otros organismos, como el Banco Central. Con ese pedido, el demandante intenta demostrar que la empresa y Argentina “son lo mismo”. Preska deberá resolver al respecto.
La otra instancia mencionada tiene que ver con la apelación de la sentencia en primera instancia. La misma cursa en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y tendría una resolución recién el año próximo. Allí el país asegura que el fallo condenatorio de Preska no es correcto, entre otros, por los motivos de soberanía.
Tsunami
Días atrás, el influyente diario británico Financial Times publicó un artículo en el que advierte por un “tsunami” de juicios contra el Estado argentino por miles de millones de dólares que podrían complicar el programa que puso en marcha el presidente Javier Milei.
“Demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie. Mientras Milei dice que pagará las obligaciones de su país, a puertas cerradas los funcionarios advierten que el gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina”, dice la nota.
El juicio más grande de ese “tsunami” es, por lejos, el de la expropiación de YPF.
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