Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña lo determinaron por unanimidad. La acusación es por crímenes de lesa humanidad.
Actualidad24/09/2024
Alejandro Cabrera
La Cámara Federal porteña emitió una decisión histórica y significativa a nivel internacional que ordenó la detención inmediata del dictador Nicolás Maduro y del líder del chavismo, Diosdado Cabello, por violaciones graves a los derechos humanos. Se determinó que eran responsables de planificar y llevar a cabo un plan sistemático para arrestar, secuestrar y torturar a los residentes de ese país. Se pidió que se comunique la decisión a Interpol con el fin de solicitar su detención a nivel internacional a través del sistema de alertas rojas.
La decisión afecta a más de treinta líderes y soldados venezolanos, incluyendo a integrantes de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, la Guardia Nacional Bolivariana y los agentes de inteligencia que trabajan para el gobierno.
Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña tomaron esta decisión por unanimidad una semana después de que los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli presentaran un reclamo en apoyo a las víctimas.
La decisión estableció que Sebastián Ramos, el juez de instrucción, continúe con la investigación, obtenga toda la documentación proporcionada por los organismos internacionales y las querellas, escuche a todos los testigos sugeridos y continúe con la identificación de las personas que están involucradas en los delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Los jueces son reconocidos a nivel mundial por su impacto en las acciones de Maduro y Cabello mientras viajan por el mundo. De acuerdo con su fallo, se confirmó que en Venezuela existe un plan organizado de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una parte de la población civil, que se ha desarrollado desde el año 2014 hasta la actualidad.
Los jueces tomaron medidas en respuesta a una denuncia presentada en virtud del principio de jurisdicción universal. Esto permite que las naciones procesen delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde se cometan, la nacionalidad del autor o la víctima.
Los abogados de las compañías solicitarán la presentación de órdenes de captura ante Interpol para que esta determine si solicita una alerta roja para que puedan ser detenidos y extraditados mientras viajan por el mundo. En realidad, Maduro y su equipo solo tendrían permiso para viajar a naciones como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia e Irán.
El abogado Tomás Fatiga dijo a este diario que las órdenes de captura con fines de extradición permitirán que las naciones que aún tienen dudas ideológicas o económicas sobre lo que sucede en Venezuela no puedan ignorar los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno liderado por Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder.
En Argentina, ha sido uno de los promotores, junto al actual ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, de la segunda etapa de denuncias contra Maduro y los líderes chavistas, lo que ha permitido iniciar la investigación que ha fallado este lunes. En la actualidad, tienen la intención de presentarla ante la Corte Penal Internacional junto con otras presentadas desde Argentina y otros países.
Farini Duggan afirmó que se llevará la carpeta a la Corte Penal Internacional para facilitar la captura de los acusados en el proceso posterior.
Farini Duggan afirmó que se esperaba que Venezuela rechazara las anotaciones de Interpol basándose en la Convención de Viena y las inmunidades que se derivan de ella para los mandatarios extranjeros. Sin embargo, hay casos en los que Interpol registró alertas a pesar de que los acusados eran miembros de gobiernos, como en la causa AMIA en la que los iraníes acusados ocupaban cargos importantes en el Gobierno Persa. Según él, es innegable que Maduro ejerce el poder, ya que a pesar de haber perdido las elecciones se ha negado a reconocerlo, estableciendo una dictadura cívico militar.
El 6 de abril pasado, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la investigación contra el gobierno de Maduro. Llorens, Bruglia y Bertuzzi consideraron que era necesario equilibrar el comportamiento delictivo llevado a cabo por las autoridades estatales del gobierno venezolano.
Le pidió a Stornelli que llevara a cabo una investigación "con celeridad". Llorens propuso tomar "medidas cautelares urgentes" y, por lo tanto, ordenar la "captura inmediata" de los acusados.
El 6 de abril, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires estableció que es necesario aceptar la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los tribunales de la República Argentina para poder juzgar adecuadamente.
De esta manera, se realizaron audiencias con los representantes de la FADD y las víctimas venezolanas, mientras que la Fiscalía solicitó recientemente la detención. Los testimonios más significativos fueron los de seis personas de Venezuela, de las cuales una fue fiscal en su nación.
Anteriormente, durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó la detención de la cúpula del gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representando al Gobierno Nacional, Wolff, y personalidades del PRO que apoyaron la causa, como el diputado Fernando Iglesias y Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura, se presentaron.
“Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos,", dijo a este diario la secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, para quien, la decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. "Ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela," .
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