Guillermo Moreno fue condenado a tres años de cárcel por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos

Guillermo Moreno, quien fue secretario de Comercio Interior durante el último semestre del 2007, recibió una sentencia de tres años de prisión condicional en el juicio oral por su presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Institituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py decidió tomar esta medida y también condenó a Moreno a seis años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. El ex funcionario fue hallado culpable de abuso de autoridad y destrucción de documentos públicos.

Esta es la tercera sanción impuesta al ex funcionario de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. En el caso del merchandising con la leyenda "Clarín Miente", ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión, mientras que en el caso de los "¿Casco o guantes?", tiene una sentencia en suspenso de dos años de prisión. Ambos casos ocurrieron en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Los dos están siendo evaluados, y la decisión tomada hoy podría ser recurrida por su defensa a la Cámara Federal de Casación Penal.

El Tribunal Oral impuso una sentencia a Beatriz Paglieri, quien fue la ex directora de Índices de Precio de Consumo, de tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Además, absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, quienes eran las otras acusadas del caso. Los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel firmaron la decisión.

Moreno y Paglieri deberán cumplir con las reglas de conducta, como establecer su residencia y cumplir con las normas del Patronato de Liberados, ya que las condenas no son válidas en una prisión. El 4 de septiembre serán divulgados por los jueces los motivos de la decisión, y a partir de ese momento, las partes tendrán la opción de presentar una apelación.

Mientras los jueces estaban en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, Moreno escuchó su sentencia por videoconferencia, al igual que el resto de las partes. Después de eso, dio sus últimas palabras a la mañana en el tribunal. Hay una frase antigua que dice: "Hechos, pruebas y derecho". El ex funcionario había declarado: "No hubo pruebas, descarto que haya derecho".

Moreno destacó que se presentó un alegato académico del fiscal Diego Luciani y José Ipohorski, quienes acusaron a Moreno de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica. y solicitó una sentencia de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

El alegato de Luciani fue astuto. Apeló a un juicio académico porque carecía de pruebas. Cuando lo que se juzga es un semestre, el fiscal no puede evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno. En sus últimas palabras, había afirmado que ese era un error grave.

La Fiscalía había señalado que "a martillazos bajaban los índices" para pedir la condena. Luciani afirmó en sus alegatos que la inflación no tenía que superar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo. Y añadió: "Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada".

Los fiscales solicitaron al Tribunal Oral que inicie una investigación sobre la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli, en sus alegatos. Según ellos, el INDEC dependía de su Ministerio en lugar de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que comprenden que se debe llevar a cabo una investigación sobre la posibilidad de que la ex funcionaria haya cometido algún delito. Los jueces determinaron que la responsabilidad de la denuncia recae en la Fiscalía.

Durante el juicio que comenzó en abril pasado, la Fiscalía indicó que la ley establece la confidencialidad de la información del INDEC. Luciani destacó que los testimonios coincidieron en que desde la llegada de Paglieri, se comenzaron a extraer a diario numerosas copias de los formularios de índices que se acumulaban en carpetas para que Paglieri las sacara del organismo. Además, explicó que Filia y Cámpora Avellaneda realizaban las fotocopias.

El fiscal Ipohorski indicó que para reducir los índices de inflación, se estableció un sistema de límites de precios que no podían exceder el 15 por ciento de aumento por producto. La Fiscalía también mencionó que la policía civil supervisaba a los empleados del INDEC, y algunos de ellos fueron encarcelados en sus oficinas. Además, se produjeron despidos y retiros de tareas o contraseñas.

Las acusaciones fueron rechazadas por las defensas de los cuatro acusados, quienes solicitaron su absolución. Nunca se entregaron copias o originales de encuestas de inflación a un hombre moreno. En sus alegatos, el abogado del ex funcionario, Alejandro Rúa, afirmó que no tenía conocimiento de su existencia.

Rúa recordó la declaración de Moreno al inicio del juicio en la que mencionó que Néstor Kirchner, en su época como presidente de la Nación, le ofreció el puesto de secretario de Comercio Interior en 2006. Rúa señaló que el pedido era "generar un marco de coordinación que pueda llevar a la inflación por debajo del 10%", y que Moreno implementó una "política de conversación de precios" para lograrlo. La defensa afirmó que habló con todos los sectores de la economía, no solo con algunos, y que supervisó y coordinó todos los precios de Argentina, descartando cualquier manipulación de los índices.

Moreno se enfrentó al cuarto juicio oral y finalmente recibió su tercera sentencia. Por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda "Clarín Miente", fue condenado en octubre de 2017 a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.

Y en julio de 2022, fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de "¿Casco o guantes?" que presentó en una reunión de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas sanciones es definitiva porque fueron apeladas y, por lo tanto, no se llevaron a cabo.

Mientras tanto, en abril de 2013, participó en representación del Estado junto con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y fue absuelto por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín.