La Ciudad regresa a la Corte para demandar el incumplimiento de la Nación con respecto a los fondos de coparticipación

El Ejecutivo desea transferir $20 000 millones por semana, pero no se ajusta al goteo del 2,95% que corresponde según la sentencia. Jorge Macri, con la intención de iniciar una negociación y evitar romper puentes, ha esperado en los últimos días a que la situación mejorara para evitar tensar aún más el vínculo que se ha debilitado desde hace meses. El viernes, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda porteño, y Carlos Guberman, secretario de Hacienda nacional, tuvieron una reunión personal. Nación presentó su nueva propuesta con fondos discrecionales en ese lugar, sin embargo, la Ciudad consideró que esto violó el acuerdo firmado dos semanas antes por Macri y Caputo.

Sin embargo, se acordó en ese mano a mano el envío inicial de $20.000 millones, que se agregó a la transferencia por goteo del jueves. Sin embargo, la conversación se desplomó por completo debido a la postura de Ciudad de que se cumpla el fallo cortesano como se esperaba.

La Ciudad de Buenos Aires recurrirá a la Corte Suprema para demandar al Gobierno nacional por no cumplir con la cautelar emitida por el máximo tribunal en diciembre de 2022 que estableció un coeficiente de transferencia por coparticipación del 2,95%.

En las próximas horas, la Procuración de París presentará una declaración que contará con el respaldo del Ministerio de Justicia local y del líder del Gobierno, Jorge Macri. Sin embargo, también expresará mediante expertos que la decisión del Gobierno de no cumplir con la sentencia es inconstitucional.

Después de que Nación transfiera el jueves pasado el 1,4% de coeficiente por coparticipación a la Ciudad, en lugar del 2,95% acordado en una reunión el 19 de julio entre Jorge Macri y el ministro de Economía Luis Caputo, surgió un conflicto.

Después de un encuentro de urgencia convocado el viernes entre segundas líneas, el Gobierno acordó transferirle de manera discrecional $ 20.000 millones semanales, sin importar el aumento mensual, que sigue siendo el mismo que en tiempos de Alberto Fernández. La ciudad se negó a aceptarlo.

En una pequeña reunión de mesa este lunes en las oficinas de Uspallata, en Parque Patricios, se decidió volver a la órbita de la Corte. En ese lugar se emitió la orden de entregar un documento que aún se está elaborando y se espera que se complete entre mañana y el miércoles. Martín Ocampo, un procurador de París, y Gabino Tapia, un ministro de Justicia, están a cargo de la tarea legal.

Después de firmar un acuerdo hace menos de un mes, el Gobierno transfirió el 1,4% de goteo recibido desde el kirchnerismo al municipio el 1 de agosto. Esto provocó una deuda de 4,8 billones de pesos de Nación a Ciudad, contraída desde diciembre de 2022, cuando la Corte firmó la cautelar pero no se expidió sobre el fondo.

Desde Uspallata, buscarán reforzar la estrategia judicial basándose en la opinión de expertos en derecho como el cordobés Antonio María Hernández, quien ha sido convencional en 1994 y asesora a la Ciudad en asuntos de constitucionalidad. Se destacará que la decisión del Ejecutivo va en contra del acuerdo político y del porcentaje de coparticipación que se debe otorgar a la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que en septiembre de 2020, Alberto Fernández disminuyó el porcentaje de coparticipación de Nación a Ciudad de 3,5% a 2,32% para apoyar a la provincia de Buenos Aires. Después, con el respaldo del Congreso, el partido político liderado por los kirchneristas logró disminuir los fondos aún más, llegando al 1,4%. Esto llevó al gobierno de Horacio Rodríguez Larret a recurrir a la Corte por medio de una cautelar pero también solicitando una decisión final.

En diciembre de 2022, se emitió una medida cautelar que favorece a los porteños, pero el fondo nunca se firmó. Los ministros supremos tenían la intención de rechazar el asunto después de la feria judicial, sin embargo, el acuerdo político que las partes involucradas parecían haber alcanzado parecía solucionar el conflicto. No fue tal. Las discrepancias continúan, y pronto o temprano, el asunto deberá ser discutido en los tribunales de Talcahuano.