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Busca determinar si las autoridades argentinas fueron informadas previamente al acto de asunción de Daniel Ortega de la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezai, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por el ataque a la mutual judía.
Actualidad12 de enero de 2022El diputado opositor Waldo Wolff denunció penalmente al canciller, Santiago Cafiero, y al embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, por la presencia en el acto de asunción de Daniel Ortega como presidente del país centroamericano de un iraní buscado por su presunta intervención en el atentado contra la AMIA.
Wolff se refirió a Mohsen Rezai, sobre quien pesa una “alerta roja” de Interpol por pedido de la Justicia argentina, que lo acusa de haber participado en el ataque contra la mutual judía en 1994.
La causa, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y quedó registrada con el número 116/2022, apunta a determinar si el gobierno argentino “fue previamente informado por el de Nicaragua sobre la presencia de Mohsen Rezai en la ceremonia de asunción del Presidente Ortega, y si esa fue la razón por la cual el gobierno de nuestro país decidió no enviar una delegación” al acto.
Wolff, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, evaluó que “de haber sido previamente informado –como ocurre habitualmente, ante actos oficiales de esa envergadura- o durante el acto propiamente dicho, Cafiero podría ser considerado co-autor del delito de “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Wolff recordó que en declaraciones públicas, el embajador Capitanich había anunciado que una delegación gubernamental argentina asistiría al acto de asunción de Ortega, pese a lo cual ello no ocurrió y el país sólo estuvo representado por el titular de la legación diplomática.
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“Este cambio de posición podría encontrarse motivado en el conocimiento previo del gobierno argentino sobre quiénes concurrirían al acto. Este es un dato que la instrucción deberá esclarecer”, propuso la denuncia.
Sobre Daniel Capitanich, el texto señala que “representa oficialmente a la Argentina país ante el gobierno de Nicaragua” y por ende, “en cumplimiento de ese cargo tenía el deber de denunciar, ante el gobierno de Nicaragua, la presencia de un prófugo de la Justicia Argentina con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol”.
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