Drogas: las políticas públicas en Argentina frente a la relación oferta y demanda

La crisis desatada por la venta, consumo, internaciones y muerte por la mezcla de cocaína con otras sustancias desconocidas (probablemente fentanilo) en el conurbano bonaerense, pone en evidencia el fracaso de las estrategias del Estado frente a la comercialización ilegal de estas sustancias adictivas. También se advierte la falta de comprensión de la ecuación oferta y demanda de drogas, como se niega la sólida relación entre vendedor y cliente consumidor, éste último como parte necesaria de la cadena delictiva. El hecho, trae nuevamente la discusión sobre la receta universal dirigida hacia los dos pilares bases de las drogas, la oferta y la demanda (teoría microeconómica). El primero de los sustentos está representado por la disponibilidad de sustancias con propiedades adictivas en el mercado ilegal; el segundo, por la necesidad de las personas de consumir o abusar de las drogas. En nuestro país, el accionar de los organismos estatales se divide por un lado, el sistema de ejecución penal, (tribunales judiciales y la seguridad pública con sus instrumentos) para la prevención y represión de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico y comercialización de éstas sustancias; y por otro, la Secretaría sobre Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), la salud pública y otros organismos provinciales, como responsables de prevenir el llamado “consumo problemático”, en otras palabras las “adicciones”. Si comparamos estadísticas de Argentina de consumo de drogas de los últimos 25 años, todos los números indican que la población que integra la demanda viene creciendo, y con ello dejamos de ser hace tiempo territorio de tránsito para ser de consumo. Así deberíamos estar advertidos que existe en nuestro país una población numerosa que consume estupefacientes y no podemos dejar de preguntarnos por las recetas que se vienen utilizando para evitar, retrasar o disminuir el ingreso de personas al polo de la demanda. ¿Se evaluaron su efectividad? En un plan o programa, es importante tener la información sobre la prevención, como acciones para evitar el riesgo, como anticipación a la aparición del fenómeno por medio de la intervención sobre sus causas. También debemos ser claro, consumir drogas inicialmente es una decisión, una conducta; y lo que hace una adecuada prevención es alertar sobre los riesgos de esta decisión, desarrollando una cultura de salud y de conciencia sobre las adicciones en las personas. Por ello, debe instalarse a corta edad con intervención y participación de la familia y de la escuela. En esta instancia, surgen otros interrogantes cuyas respuestas deberían integrar nuestro contexto: ¿existe ambiente preventivo frente a las drogas en las familias y en las instituciones educativas oficiales? Podríamos anticipar la respuesta que no, quedando los niños y jóvenes expuestos frente a la oferta de los mercaderes de las drogas. Las personas que se integran al polo de la demanda, indefectiblemente pasan a ser clientes del negocio del narcotráfico, sin importar la edad, sexo, religión o clase social. Y el denominado narcomenudeo se sustenta en este incremento del consumo que se inicia en forma ocasional y social y en un futuro inmediato, se convierte en regular, pasando a ser una adicción (enfermedad instalada). El narcomenudeo, que algunos tratan de minimizar, es parte de la estrategia delictiva de las organizaciones criminales, concretar la venta del producto ilegal y con ello la recaudación monetaria, además de las numerosas vinculaciones con otros delitos. Entonces, el objetivo de las organizaciones ilegales, es enfocarse en maximizar las ganancias manteniendo y ampliando el mercado, promocionando la venta y el consumo de drogas. Además, “estirando” el producto de cualquier manera que le genere mayor rentabilidad. Y lógicamente aprovechan la inexistencia o escasa prevención. El narcomenudeo es el último escalón del negocio de la mafia del narcotráfico. Además de la inteligencia criminal, la investigación judicial por parte de los sistemas de ejecución penal, es necesaria una política de “prevención muldimensional” (primer nivel o primaria), que consiste en usar todos los recursos estatales y de la comunidad, para cambiar la conducta de los vecinos de los barrios, desde edad temprana, mediante la instalación de la resistencia a la oferta, para trabajar sobre la “demanda”. También hablamos de prevención a la asistencia y a la recuperación (segundo y tercer nivel), pero tenemos que entender que ya es tarde, estamos frente a la enfermedad consolidada. Paralelamente, la justicia y la seguridad publica también están registrando notables dificultades para neutralizar el accionar de las bandas criminales, situación que facilita la disponibilidad de sustancias en el mercado, siendo evidente que no hay una política criminal definida al respecto, un plan de seguridad integral, ni se advierten las necesarias coordinaciones entre los actores responsables, cuando sabemos de las incidencias de las drogas en la seguridad pública. Esto significa vacíos importantes frente al futuro que es hoy. El Estado, debe adoptar decisiones concretas, con base a los sobrados diagnósticos, como demostración de verdadera preocupación y enfoque sistémico frente a la complejidad del problema de las drogas. Políticas que deberían instalarse en todo el territorio ya que la expansión de las ofertas de las organizaciones del narcotráfico no hace distinción, solo la finalidad en la ampliación sostenida de la base de clientes, explotando las debilidades del Estado.