A pedido del Ministerio de Capital Humano y otras dependencias, la Organización de Estados Iberoamericanos compró alimentos por $ 4.500 millones y contrató 300 asesores y empleados. Los procedimientos que se llevaron a cabo y las limitaciones que tendrán los tribunales argentinos para determinar si se produjeron irregularidades.
Actualidad 05/06/2024 Periodismo y Punto
La organización multilateral con sede en Madrid está compuesta por 23 naciones y fue mencionada en la denuncia presentada por el Gobierno como un actor importante en un circuito de recaudación ilegal con contratos de asesoramiento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, liderada por el despedido Pablo De la Torre. Aunque se difundió una nota con 20 nombres en los medios, en Capital Humano y otras áreas existen al menos 300 contratos similares con salarios de hasta 1,2 millón de pesos, según informaron fuentes calificadas a Infobae.
Debido a que es una representación diplomática con reconocimiento oficial de la República Argentina, la capacidad de los tribunales locales es limitada debido a la existencia de al menos cuatro denuncias. Su situación legal se asemeja a la de una embajada.
¿De qué manera la OEI se convirtió en una empresa de tercerización de empleados? ¿Cuál fue la razón detrás de la decisión del Gobierno de asignarle la compra de alimentos para grupos vulnerables? ¿Qué controles se emplearon en cada uno de esos procesos? ¿De qué manera se manejan los recursos y quiénes son los funcionarios involucrados?
Hace dos semanas, Infobae consultó a todas las partes involucradas en el escándalo. Según la información y testimonios recopilados a través de este método, se pudo establecer que los oficiales del gobierno de Javier Milei llamaron a la OEI, que está representada en Buenos Aires por el argentino Luis Scasso, como un medio para superar las restricciones administrativas y políticas del Estado, así como para solucionar problemas urgentes como la compra de alimentos y la contratación de empleados.
En un comunicado oficial del 8 de febrero, la OEI se presentó por primera vez: "Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el PNUD y la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura".
Estos acuerdos garantizarán que las compras se lleven a cabo bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, lo que mejorará significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, según el parte de parte, permitirá la adopción de criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una variedad de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales. El escándalo que se estaba gestando tres meses más tarde no era predecible.
La Unión Europea ha impuesto normas de transparencia y un sistema de controles cruzados a la OEI. De acuerdo con lo informado por Infobae, los acuerdos acordados por cada nación se envían a Madrid para ser revisados, verificados y aprobados después de verificar que cumplen con los requisitos establecidos. Los contratados con Capital Humano realizaron la misma ruta y recibieron aprobación del organismo liderado por el español Mariano Jabonero como secretario general. Todos los acuerdos incluyen un "costo administrativo" del 5% de lo que se ejecuta efectivamente.
La OEI obtuvo alimentos por un valor de 4500 millones de pesos a través de un proceso de licitaciones abierta, con un presupuesto inicial de alrededor de 7000 millones de pesos, gracias a Capital Humano. En la sede de Buenos Aires, se garantiza que toda la información se encuentra disponible en la página web oficial y que todos los procedimientos se llevaron a cabo con la aprobación previa del Estado. Fuentes conocedoras del procedimiento informaron que se abonó a cada proveedor una vez que el Ministerio dio su aprobación.
No hubo mayores observaciones en la compra de alimentos, que se resolvió de urgencia debido a reclamos de organizaciones sociales, piqueteros y hasta autoridades de la Iglesia Católica, ya que los procesos administrativos cumplen con los criterios de trazabilidad. Los contratos de arrendamiento de servicios firmados con varias agencias gubernamentales son el problema, según reconocen todas las partes involucradas.
Los contratos que están siendo investigados por la Justicia como parte de un entramado de recaudación ilegal son una zona gris en la cooperación entre el gobierno argentino. La semana pasada, Infobae reveló un sistema que podría tener similitudes con el caso "Chocolate" Rigau, que involucra contratos falsos, y con el de los piqueteros, quienes retienen y aportan su dinero para crear una "cajita" para distribuir fondos públicos. Se está investigando si la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia habría llevado a cabo esta práctica. Pablo De la Torre, quien era el responsable, ya había sido despedido y denunciado. Además, se está llevando a cabo una investigación sobre la cantidad de contratos que poseen la Secretaría de Educación y los demás departamentos de recursos humanos.
Según fuentes directas, se informó que empleados del Ministerio de Pettovello entregaron listas de candidatos para ser contratados por la OEI. El objetivo era garantizar que los nuevos empleados pudieran desempeñar sus funciones con remuneración hasta que el Estado protocolizara y oficializara los nombramientos. Las instituciones gubernamentales acordaron colaborar con la OEI y, posteriormente, la Organización de Estados Iberoamericanos suscribiron un acuerdo de asesoramiento con el empleado público que se desempeñará en la dependencia solicitada por el funcionario. “Los últimos gobiernos hicieron acuerdos similares”, reconocieron fuentes familiarizadas con la investigación.
La sección de la OEI en París, que tiene delegaciones en otras 20 provincias, examinó los documentos de los candidatos y, según Infobae, pidió a cada uno de los nombres enviados por las oficinas del Estado que firmaran en sus oficinas. con información y documentos bancarios. En la oficina de la calle Paraguay, aseguran que todas las personas que solicitaron empleo por Capital Humano han pasado. La organización recibe un 5 % por cada uno de esos acuerdos para gastos administrativos y de control.
Las fuentes consultadas por este medio explicaron que cada mes se le pagaba a cada contratado una vez que el Ministerio enviaba por el sistema GDE -de gestión documental electrónica del Estado- la certificación de que había cumplido la tarea para la que había sido solicitado su servicio.
En cualquier caso, existen fallas en los controles en esta operación. La OEI reconoció esto en su comunicado del fin de semana.
La OEI reconoció haber llegado a un acuerdo con Capital Humano para ofrecer "servicios de personal temporal y adquisición de alimentos para mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad". El acuerdo estableció: "Los costos administrativos, que representan el 5% del total adjudicado, se destinan a gastos bancarios, auditorías y recursos humanos", y permitió un ahorro del 40% en los precios de referencia, que superan los 2.500.000.000 de pesos.
La OEI realizó la contratación de prestadores para diversas tareas solicitadas por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La Secretaría tiene la responsabilidad exclusiva de seleccionar los perfiles, mientras que la OEI solo puede llevar a cabo las decisiones y procedimientos establecidos por ella. La OEI comunica claramente cualquier discrepancia en los procedimientos para que la Secretaría decida qué hacer, reafirmando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
La operación está siendo monitoreada por la Justicia y ha resultado en un escándalo político.
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