Se trata del caso de "gatillo fácil" que causó la muerte de Lucas Verón en 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de Covid-19.
Actualidad22/06/2023
PeriodismoyPunto
La Cámara Federal de San Martín reabrió una investigación contra dos efectivos de la Policía Bonaerense acusados de hacer inteligencia ilegal tomando fotografías de los asistentes al juicio oral por el asesinato de Lucas Verón, un caso de gatillo fácil ocurrido en territorio provincial.
Se trata de Brian Martino y Cristian Ramírez, quienes tomaban fotos de los allegados a la familia Verón que concurrieron al juicio oral, que se llevó a cabo en una sede de la Universidad de La Matanza.
Cuando un abogado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –querellante en la causa- advirtió sus conductas les pidió que se identificaran y en esas circunstancias revelaron que eran “efectivos de la Comisaría Primera de San Justo que llevaban adelante esa tarea por órdenes superiores”.
El 23 de marzo pasado de 2023, el Juzgado Federal número dos de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, sobreseyó a ambos policías, pero la CPM apeló esa resolución y ahora la Cámara ordenó reabrir la investigación.
En agosto del año pasado, el policía bonaerense Ramón Ezequiel Benítez fue condenado a 21 años y ocho meses de prisión por el crimen del joven Lucas Verón, ocurrido el 10 de julio de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia.
Su pareja, la también policía Cintia Daiana Duarte, fue condenada a cuatro años de cárcel.
El homicidio se produjo tras una persecución en moto contra Verón y un amigo, presuntamente por haber violado el aislamiento obligatorio.
Durante el juicio oral, en el que actuó un jurado popular, los dos policías -Brian Martino y Cristian Ramírez- vestidos de civil y sin identificación, tomaron fotografías de los asistentes, especialmente de los familiares y amigos de Verón.
“El estado actual del expediente amerita emprender un curso investigativo que permita arrojar mayor información respecto del evento acaecido en el ámbito de la Universidad Nacional de La Matanza que motivó la formación de la presente causa”, sostuvieron los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, al reabrir el caso. En ese sentido, ordenaron “cotejar los extremos vertidos y documentos aportados por los encausados en el marco de su defensa material”.
Es un Challenger 300, propiedad de la familia Brito, que estaba de vuelta de una expedición a Punta del Este. Las dos víctimas fueron los únicos individuos en el barco. Existen heridos.
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