Alberto Fernández fue acusado de violencia por Fabiola Yañez, quien recibió la prohibición de salir del país.
Este martes, la ex primera dama finalmente se presentó ante el juez Ercolini, quien en este momento se encargará de la investigación. El juez también ordenó medidas de limitación y protección para evitar la comunicación con sus dispositivos. Ella había rechazado iniciar una investigación penal el mes pasado.
Fabiola Yañez, la exprimera dama, tomó la decisión de presentar una acusación penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini ordenó "medidas de restricción y protección" y prohibió al ex presidente salir del país, según una fuente judicial que confirmó a Infobae. "La restricción es que no se comunique con sus dispositivos", dijo.
Después de una reunión en Zoom con el juez Ercolini el mes pasado, Yañez decidió no presentar la denuncia.
En las últimas, los personajes principales se comunicaron entre sí. Debido a esto, surge la figura de intimidación y se implementan medidas para evitar que el ex presidente se comunique por teléfono con su ex esposa.
Después de comunicarse con el juzgado desde Madrid, Yañez le dijo a su abogado, Juan Pablo Fioribello: “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”.
Fernández recibió la información alrededor de las 14:30. Sin embargo, aún no ha recibido una notificación oficial.
En el marco de la investigación por los seguros, María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, encontró una serie de mensajes en su celular. En una de esas conversaciones, hablé con Yañez sobre presuntos actos violentos. Ercolini guardó el material en un legajo confidencial, informó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema y luego, a través de una videoconferencia, convocó a la ex primera dama a una audiencia en Madrid, donde todavía reside. Sin embargo, Yañez decidió no recurrir a la justicia en ese momento.
En las últimas horas, ha habido un cambio. Este martes por la tarde, Yañez se comunicó con el tribunal y modificó su decisión. Por ser un delito de instancia privada, la intervención de la Justicia depende del impulso de la persona damnificada.
En este momento, el caso continuará en el tribunal de Ercolini.
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