Atentado contra la AMIA: Se desclasificó un informe de inteligencia que confirma la responsabilidad de Irán

Se trata del informe conocido como "Informe Toma", que hace referencia al ex jefe de la SIDE y fue esencial para el juicio oral por la voladura de la mutual judía, pero hasta el momento no estaba disponible para el público en general.

Antes de que Argentina fuera sentenciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa AMIA, el juez federal Ariel Lijo tomó la decisión de hacer público el informe creado por la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE), llamado "Temática: AMIA la conexión internacional". el esclarecimiento del ataque terrorista y la identificación de sus responsables.

Se trata de una investigación basada en información de la CIA, conocida internamente como el "informe Toma" debido a que fue creado por Miguel Ángel Toma, el ex líder de la SIDE durante el mandato de Eduardo Duhalde. Este informe confirma que Irán participó en la planificación del atentado.

También revela detalles sobre el papel de los atacantes y sus conexiones en Paraguay, Chile y Brasil. Además, menciona la presencia en Argentina de Samuel El Reda, quien es uno de los líderes de la célula de Hezbollah señalado por el asesinato de la AMIA.

El informe desclasificado sirvió como base para que Alberto Nisman comenzara su trabajo como líder de la UFI AMIA, mientras que parte de lo descubierto fue fundamental para que la Cámara de Casación declarara a Irán Estado terrorista 20 años después, explicó.

Según él, el informe podría revelar la estructura responsable de la muerte de 85 argentinos, incluyendo a los de la Embajada, ya que fue la misma la que actuó.

En su cargo como secretario de Inteligencia, Toma presentó un informe ante el juez del caso Juan José Galeano en 2003, en el que acusó a los iraníes Moshen Rabbani y Moshen Rezai. Hace dos años, Rezai fue recibido con honores en Nicaragua para la asunción de Daniel Ortega, junto con el embajador argentino en ese país.

El juez ordenó que la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional cumpliera con lo establecido en el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20, el cual permite que los familiares tengan acceso a todo el material clasificado por los servicios de inteligencia. Además, ordenó una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo para evaluar la conservación de la documentación en relación al riesgo edilicio y la adecuación del inmueble para dicho fin. El Archivo Nacional de la Memoria fue personalmente llamado para ello.

Las acciones forman parte del proceso iniciado por los seres queridos y demandantes de las víctimas del atentado a la AMIA, que tuvo lugar hace casi 30 años y resultó en la muerte de 85 personas.

Desde hace muchos años, los familiares han solicitado el acceso a la documentación clasificada que los servicios de inteligencia manejaron en este expediente. Desde que Rodolfo Canicoba Corral se ha jubilado, el juzgado responsable del atentado no tiene cargo. En julio de 2022, el juez Daniel Rafecas ordenó facilitar el acceso a la documentación de inteligencia después de un análisis iniciado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Los familiares de las víctimas afirman que a pesar de los avances, aún no pudieron ver toda la documentación.

Las demandas argumentaron que el sistema informático es tan complejo que "entorpece aún más el acceso efectivo a la información reclamada" debido al volumen de esas pruebas, que "es imposible" realmente conocerlas. Los fiscales solo muestran una información sesgada porque se limita a la investigación del Ministerio Público, pero oculta mucho material que podría ser beneficioso para otras partes.

Después de una audiencia en mayo entre las partes y el juez, Lijo expresó: "Se me solicitó que me expida sobre la publicación del informe creado por la Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, titulado "Temática: A.M.I.A. la conexión internacional". "Informe Toma", también conocido como "El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores". Se pidió que se haga lo mismo con respecto al informe realizado en abril de este año por el Área de Análisis de la Unidad Fiscal de Investigación sobre el atentado a la A.M.I.A., titulado "Informe sobre el comportamiento de la Secretaria de Inteligencia de Estado en la etapa previa al atentado a la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A."

Debo destacar que el conocido como "Informe Toma" fue creado por departamentos del Poder Ejecutivo y se ha obtenido a través de decretos y resoluciones de desclasificación emitidos por el Poder del Estado en diferentes etapas. El informe adicional se refiere a un análisis llevado a cabo por un departamento de la Unidad Fiscal sobre una parte de la información y que actualmente se ha acumulado en el expediente. El Código Procesal Penal establece las normas para su publicidad y es responsabilidad del fiscal instructor determinar si esto puede o no obstaculizar el curso del proceso. El juez aclaró que la documentación utilizada para su elaboración si cumple con las previsiones de las decisiones administrativas de desclasificación.

Lijo afirmó que el análisis de la publicidad de la documentación en cuestión requiere hacer un examen de su adecuación a las normas que la regulan, por lo que debe ser valorado bajo una interpretación menos restrictiva para garantizar el derecho de las partes a acceder a la información contenida en el sumario y asegurarse de que la inteligencia asignada no lleve a la pérdida de un derecho.

El juez hizo referencia al artículo 3 del decreto Ejecutivo 213/20, el cual establece la desclasificación total de toda la información y documentación relacionada con el ataque perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), su encubrimiento y delitos conexos existentes en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente.

Aunque la documentación está desclasificada en su totalidad de acuerdo con el artículo 3° mencionado, con algunas excepciones, su carácter público depende de que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 1° del decreto en cuestión. Toda información o documentación proporcionada por el Poder Ejecutivo en las audiencias de juicios realizados de "procesos judiciales que ya tienen sentencia", declaró el juez.

En conclusión, el "Informe de toma" fue un elemento de prueba en el primer juicio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 y fue examinado. El 7 de mayo de 2003, el Secretario de Inteligencia emitió la Resolución S.I. número 301/03, que ordenó la eliminación de la clasificación del informe mencionado. Esto permitió que el documento fuera presentado en juicio, a pesar de las objeciones del caso.

Lijo afirmó que la publicidad del documento se basa en las decisiones administrativas de desclasificación en ese sentido. De acuerdo con el artículo 3 del decreto PEN 213/20 y la Resolución S.I. 301/03, el informe no está clasificado y, según el artículo 1 del mismo decreto y las conclusiones del juicio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, el informe es público.

Nuevos datos revelados en contra de Irán y Hezbollah.

Las conclusiones del informe Toma coinciden con las de una investigación de la agencia de inteligencia israelí Mossad, que este medio reveló públicamente en Julio de 2022, al cumplirse 28 años del ataque terrorista.

El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel llegó a la conclusión de que Irán y Hezbollah son los principales responsables del atentado fundamentalista que destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

El informe "Top Secret" consta de 43 páginas y se denomina "Irán-Líbano/Hezbollah/ESO/"Yihad Islámica"-Atentado a la AMIA-Informe Final", y Infobae es el primer medio en el mundo en obtener una copia completa del informe elaborado por el Mossad.

Las conclusiones fundamentales del expediente se encuentran en la foja 2, bajo el título Resumen Ejecutivo:

Las autoridades superiores de la República Islámica de Irán y Hezbollah emitieron la orden de llevar a cabo el ataque contra la AMIA. Es probable que la cúpula de Hezbollah haya estado involucrada en el atentado, especialmente en las fases críticas y finales.

Hezbollah lideró y llevó a cabo el atentado en el terreno, previamente a preparar la infraestructura del atentado y recopilar información. Los miembros operativos de la unidad de atentados de Hezbollah han estado operando en la Triple Frontera y en Argentina desde 1988.

Todos los operativos, excepto el conductor suicida, abandonaron Argentina unos días o horas antes de la explosión. Reside en Bélgica.

Los ciudadanos argentinos no estaban involucrados tanto en la planificación del ataque como en su ejecución. Todas las personas en Argentina que se involucraron de manera involuntaria en actividades como la venta de materiales, el alquiler de depósitos o la venta de la camioneta que fungía como vehículo bomba no tenían conocimiento del propósito de su acción y no sabían a quién vendían sus productos.

El procedimiento utilizado por Hezbollah durante muchos años, como en La Paz, Bolivia, donde planeó un atentado similar al de la AMIA, pero que fue desbaratado en 2016, es idéntico. Las fuerzas propias del "corazón" de Hezbollah han sido reclutadas y entrenadas en Líbano, trabajan en los cuarteles y oficinas de "Yihad Islámica", realizan los preparativos y cometen el atentado.

El atentado de AMIA fue visto como un éxito en las esferas más altas de Irán y Hezbollah, lo que permitió la "promoción" de algunos de sus participantes, quienes actualmente lideran el régimen iraní y la unidad de atentados de Hezbollah.

Días antes del 18 de julio, la embajada iraní informó a la delegación de inteligencia iraní en Buenos Aires sobre los últimos preparativos y la realización del atentado.

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