--- canonical_url: "https://periodismoypunto.com/contenido/5242/auditoria-revela-un-desfasaje-de-158-mil-millones-de-pesos-en-exandis-sospechas-" title: "Auditoría revela un desfasaje de 158 mil millones de pesos en exAndis, sospechas de fraude millonario y irregularidades en la gestión de fondos en el sector sanitario" article_type: "Article" description: "Se trata de un estudio ordenado por el Gobierno; encontró diferencias internas entre el área de contabilidad y el encargado de implementar el programa Incluir Salud que compraba medicamentos e insumos; su análisis llega hasta la salida de Spagnuolo" main_image: "https://periodismoypunto.com/download/multimedia.normal.8d555fcc5eab64da.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-20T17:07:00-03:00" date_modified: "2026-09-20T17:13:51-03:00" tags: - "Actualidad" - "Caso Andis" - "Gobierno Argentino" - "Politica" - "Spagnuolo" author_name: "PeriodismoyPunto" category_name: "Actualidad" category_url: "https://periodismoypunto.com/categoria/4/actualidad" --- # Auditoría revela un desfasaje de 158 mil millones de pesos en exAndis, sospechas de fraude millonario y irregularidades en la gestión de fondos en el sector sanitario El Gobierno detectó un desfasaje de aproximadamente 158 mil millones de pesos en los registros internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis), reveló una auditoría realizada tras el despliegue del organismo. La pesquisa, que se llevó a cabo en el marco de la intervención del organismo tras su desplazamiento, evidenció diferencias en las cifras de deuda que no pasaron por los controles habituales, poniendo en jaque la gestión anterior y generando atención de la Justicia. El informe, al cual tuvo acceso LA NACION, analiza las irregularidades ocurridas durante la gestión de la exAndis bajo el gobierno de Juntos por el Cambio, hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Ejecutivo removió a su director, Diego Spagnuolo, y otros funcionarios. La auditoría abordó aspectos como pagos a droguerías, deudas, movimientos en cajas chicas, adquisición de equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. El hallazgo principal se centra en una diferencia de más de 158 mil millones de pesos entre los listados oficiales de deuda exigible. Este desfase fue detectado tras consultas específicas realizadas a dos áreas clave del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). De esas, la DNASS fue la que informó una deuda significativamente mayor, lo que intensifica las sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos y registros durante ese período. **![image](/download/multimedia.miniatura.b4b9936a014300f9.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)** La dirección de la antigua Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), actualmente conocida como DNASS, se encuentra bajo sospechas en una investigación que apunta a un presunto esquema de fraude millonario con coimas que podrían alcanzar hasta el 20%. Según informó el fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa, los procesos de compra realizados por la DNASS presentan indicios de “sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”. La auditoría realizada también detectó posibles imprecisiones en los datos proporcionados por la DNASS. Desde esa área admitieron que tanto los montos como su clasificación podrían haber sufrido variaciones debido a errores involuntarios en la carga de información por parte de los prestadores. Un informante con conocimiento del funcionamiento de la exAndis, consultado por LA NACION, calificó como “significativo” el monto del desfasaje detectado, aunque explicó que no resulta inusual que ocurran estas discrepancias. El mismo fuente explicó que la DNASS asume y se compromete a pagar, pero muchas veces no cuenta con el presupuesto correspondiente, y la deuda pendiente solo se reconoce tras atravesar un complejo sistema administrativo que, en ocasiones, no se completa en tiempo y forma. En particular, la compra de medicamentos de alto costo, gestionadas a través del Programa de Atención a Pacientes con Beneficio Integral (PACBI), suelen generar este tipo de situaciones. En estos casos, la autorización para el pago se realiza primero, y posteriormente se presentan todos los documentos necesarios para formalizar la operación, lo que puede derivar en discrepancias y retrasos en la conciliación de los montos. ![image](/download/multimedia.miniatura.829d5745e39496df.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp) La auditoría no especifica cómo se compone la denominada “deuda no registrada”. Fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron que el Ministerio de Salud entregó toda la información solicitada a la Justicia y que continúa colaborando en la investigación. La causa judicial en curso ha identificado compras realizadas por PACBI para fundamentar las acusaciones contra los imputados. Un ejemplo relevante es el caso del medicamento Macitentan, cuyo valor en compulsas abiertas fue de $411.764, pero que en compulsas reducidas —que contaron con menos oferentes— se adjudicó en casi $8,3 millones durante el mismo mes de noviembre de 2024. Por otro lado, fuentes cercanas a Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Administración de Bienes (Andis), aseguraron que él “no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios y no adjudicaba órdenes de compra, además de no tener acceso operativo a SiiPFIS”. Por su parte, La Nación intentó comunicarse con el exdirector de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Suministro de Salud (DNASS), Daniel Garbellini, pero no obtuvo respuesta. En su declaración ante la Justicia, Garbellini afirmó que “no hubo desvío de fondos” y negó haber participado en un supuesto esquema de sobreprecios. ![image](/download/multimedia.miniatura.bc6f18b49e85bf83.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp) La auditoría realizada a la gestión de fondos públicos en el ámbito sanitario reveló irregularidades en la metodología de pago utilizada por el organismo, específicamente en el empleo de la figura del “Legítimo Abono”. Según el informe, hasta la fecha de corte, el organismo continuaba aplicando esta figura para realizar pagos por bienes y servicios ya entregados, en incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001, que establece que las compras públicas deben realizarse mediante licitaciones o concursos públicos. El análisis de la auditoría indica que, pese a que solo se iniciaron seis procedimientos de compras formales, se registraron pagos significativos mediante la vía del Legítimo Abono, una figura que permite liberar fondos sin seguir los procedimientos regulares de contratación. La Oficina Nacional de Contrataciones advierte que, si bien esta práctica puede ser considerada “equitativa” en casos de servicios ya prestados o bienes entregados, no es la mejor práctica ni garantiza la transparencia ni la competencia entre proveedores. El informe precisó que, hasta ahora, se desembolsaron aproximadamente 479.504 millones de pesos en concepto de pagos a proveedores por medicamentos e insumos, con un predominante destino a la empresa Suizo Argentina, que recibió más de 108.258 millones de pesos destinados a medicamentos PACBI. Desde la compañía, fuentes cercanas aseguraron que “Suizo Argentina realiza sus actividades comerciales de manera lícita y en cumplimiento de los estándares legales”, y aclararon que no tienen relación con los hechos investigados. Por el momento, la investigación apunta a otras droguerías y proveedores de insumos ortopédicos, así como a presuntos agentes del Estado que habrían estado al tanto de las contrataciones de la exAdministradora de Servicios de Salud (exAndis) y que, presuntamente, canalizaban coimas de hasta un 20%. En paralelo, las pericias en la causa se han centrado en audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se discuten irregularidades en la agencia y se mencionan a figuras como Karina Milei. Estas grabaciones han sido cuestionadas por las defensas, que buscan la nulidad del proceso judicial. La investigación continúa en medio de estas derivaciones, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión de fondos públicos en el sector sanitario. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.