Oscar Scarel, titular de Vicentin, la empresa alimenticia que el gobierno de Alberto Fernández intentó expropiar a mediados de 2020, fue detenido este lunes por orden del fiscal santafesino Sebastián Narvaja, por el supuesto «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad».

La medida fue dispuesta después de que el viernes pasado el abogado querellante Gustavo Feldman, quien tiempo atrás supo defender al exjefe del Ejército César Milani en sus causas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, denunciara que Vicentin intentaba desprenderse de acciones de Renova, una de las firmas que controla, con el supuesto fin de obtener fondos para pagarle a sus acreedores, en el marco del concurso que afronta.

Según la nueva documentación, “la propuesta concursal efectuada por Vicentin no solo confirmaría que la presentación de su fraudulento concurso preventivo constituía un medio por el cual los imputados buscaban asegurar los indebidos beneficios obtenidos con las estafas perpetradas en perjuicio de todos los acreedores, sino que además constituiría en sí mismo un nuevo intento defraudatorio”.

Feldman, representante de uno de los acreedores del conglomerado alimenticio con sede en Santa Fe, advirtió sobre una maniobra para que acreedores privilegiados y la familia Vicentin se queden “con los principales activos de la empresa (Renova, plantas de San Lorenzo y Ricardone, Renopack, Oleaginosa San Lorenzo y Patagonia Bioenergía)”.

“Vicentin afirma que la venta de las acciones que actualmente posee en Renova permitirá obtener los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos a los acreedores en su fraudulenta propuesta, que no llegan ni al 20% de la deuda total”, alertó el escrito.

Esos pagos anunciados –añadió el escrito- “implican la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuestas, sin advertir de esto a los acreedores y sin siquiera mencionar su existencia en los contratos que celebró con los interesados estratégicos”.

Vicentin emitió un comunicado de rechazo a la decisión del fiscal Narvaja y calificó de “absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida”, la detención de Scarel en su domicilio de la localidad santafesina de Avellaneda.

“El supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido con las restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”, añadió la empresa en un comunicado.

En el sistema penal santafesino, los fiscales pueden disponer la detención de un imputado y en el término de 72 horas debe realizarse una audiencia ante el juez, que en definitiva es quien debe resolver si convierte esa medida en prisión preventiva.