El Gobierno quiere desguazar dos universidades en Córdoba y convertirlas en politécnicas

La comunidad educativa y académica del Centro Regional Córdoba, con sus facultades de Ingeniería y Ciencias de la Administración esta siendo castigada por exitosa. La idea de desguazar esas dos facultades, con mas de 7 mil alumnos y 9 mil egresados, y reemplazarlas por una politécnica, fue una idea de la Fuerza Aérea, y a la UNDEF (Universidad de la Defensa) le conviene.

La excusa es la adecuación al sistema universitario nacional, sin argumentaciones sólidas.

Esa adecuación se puede llevar a cabo perfectamente, según el estatuto de UNDEF, siendo Instituto Universitario con sus dos facultades. Pero la trampa esta en una politécnica, donde podrán seguir acomodando amigos y entenados, porque esta maniobra esconde hechos de corrupción.

La historia de desguazar instituciones ya se ha visto en las Fuerzas Armadas en democracia, ha sucedido con los hospitales aeronáutico y militar, también de Córdoba, ambos con causas en la justicia por hechos de corrupción.  Son hoy, naves vacías que consumen millones del presupuesto, sin médicos, sin atención adecuada ni equipamiento. Es lo que ocurrirá con el campus de las facultades de Córdoba si esta medida de desaparición de sus facultades se lleva a cabo.

La Undef, por pertenecer a defensa, no es una universidad democrática, lo que no implica ni habilita que deba ser autoritaria. Siempre detrás de estas maniobras, hay una caja en juego, en este caso el presupuesto de educación de la Fuerza Aérea Argentina.

Esto conlleva un riesgo para la sociedad civil porque se presta para corrupción, peculado y malversación más que en ningún otro estamento. En el mismo predio funciona otra facultad, la de la Fuerza Aérea, que nuclea a los institutos de formación como la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Suboficiales Córdoba y el instituto de Formación de Ezeiza. Cada uno de estos institutos tiene sus autoridades, que dependen de la Dirección General de Educación de la Fuerza Aérea.

Pero esta facultad tiene una orgánica, llena de militares retirados nombrados como docentes asesores, con ingresos onerosos para el presupuesto educativo. Parque Jurásico, es el apodo de ese edificio.

Mientras un gran número de empleados civiles no docentes de los niveles 3, 4, 5 y 6 con mas de 10 años de antigüedad, cobran salarios por debajo del limite de la pobreza. Mientras esos ñoquis de lujo reciben sumas que duplican o triplican esos haberes, mas sus retiros. Son los ñoquis de Taiana.

La obsolescencia de las herramientas de trabajo, la falta de mantenimiento edilicio, hacen que los docentes pongan todo de si para que el alumno no lo note, y que, a causa de amaños encubiertos en falta de presupuesto,  reciban la educación por la que pagan.

Por otro lado, hay voces del ministerio de Defensa que sostienen que el ministro desconoce la impopularidad de la arbitrariedad de desaparecer dos facultades, (donde los alumnos pagan un arancel que ronda los 16 mil pesos). Sin embargo, hay quienes dicen que Jorge Taiana les dio rienda suelta a los militares, sin que nada le importe de la comunidad educativa.

El “proceso de adecuación”, está fundamentado en “optimización de recursos”, léase achicamiento, aunque aseguren la fuente de trabajo, pero no la función. Esto genera un enorme malestar en la sociedad civil, docentes, no docentes, alumnos, egresados, que no es un número menor.

El director militar, del Centro Regional Córdoba con sus dos facultades, es además decano de la facultad de ingeniería, lo que es irregular, ilegal y poco ético. Además de no contar este con antecedentes académicos, requisito explícito del artículo 40 del estatuto de Undef para ser decano. No concurso nunca en una universidad nacional o privada.

Gerardo Julio Lucero, el director decano, de facto, se la pasa dando muestras de autoritarismo ante la comunidad civil, mintió cuando esta se entero de los cambios que pergeñaban, fue desmentido en publico por el Rector de Undef Jorge Battaglino, por lo que hoy no cuenta con un ascendente moral para ocupar los cargos que irregularmente ocupa. Obsesionado con la militarización de las facultades, desde afuera de su despacho se suelen escuchar los gritos, pero la gente, teme.

Si tanto le preocupa a la Universidad de la Defensa la adecuación, esta situación debería cesar de inmediato.

La comunidad ha sido maltratada, engañada, pero sigue adelante con proyectos superadores y educación de alto nivel. Los alumnos, lejos de querer irse, apoyan a las facultades tal y como funcionan.

Lo que ha generado esta situación es una crisis de autoridad sin precedentes en este ámbito, O si, porque involucrando a la sociedad civil, los alzamientos carapintadas atentaron contra la democracia, hoy esta gente a cara lavada, y con el visto bueno de Taiana, atentan contra una gran comunidad educativa, sin consenso y con autoritarismo.

Se debe respetar la historia académica, la educación de jóvenes que se convierten en profesionales que aportan a las instituciones publicas y privadas. En el IUA cursan alumnos de todo el país, es una universidad pionera en educación a distancia. Se investiga, se imparten conferencias, cursos, se proyectan diplomaturas.

La triste historia del manoteo de los recursos, de romper lo que funciona porque a un genio de los noventa se le ocurrió que esta idea adecua, y supera. Cabe la posibilidad de que como Córdoba sea un bastión perdido de antemano por el oficialismo nacional, no le interese sino como medida de castigo esa adecuación, inadecuada.

Durante las últimas décadas, en el discurso sobre desarrollo y derechos humanos se ha aludido cada vez más a la educación como un bien público. Algunos ejemplos recientes de esta tendencia incluyen la Declaración de Incheon de 2015 y el Marco de Acción Educación 20302. 

De hecho, el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consistente en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, se basa en principios fundamentales consolidados de la educación como derecho humano y bien público (UNESCO, 2015a,5). 

El concepto de educación como bien público subraya la responsabilidad esencial del Estado de garantizar el derecho a la educación para todos, salvaguardar la justicia social y el interés público en la educación.

La existencia de estas dos facultades, es en Córdoba y el país, es de interés público.