Incremento histórico en la litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo en Argentina tras la Ley de Modernización Laboral: desafíos y proyecciones para 2026

El sistema de riesgos del trabajo enfrenta un incremento sostenido en la litigiosidad, una tendencia que se mantiene firme tras la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral. A poco más de un mes de su implementación, los datos del primer trimestre de 2026 revelan que el volumen de demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) continúa en ascenso, consolidando un escenario que proyecta un récord histórico para el año.

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en marzo se registraron 13.260 juicios, la cifra mensual más alta del año, elevando el total acumulado a 26.700 en los primeros tres meses. Este volumen supera las cifras del mismo período del año pasado y representa un incremento respecto a febrero, pese a la disminución habitual por la feria judicial de enero. En comparación interanual, en marzo se observó un aumento del 13% en los litigios.

El comportamiento del primer trimestre refleja una tendencia creciente que se mantiene desde meses previos, sin efectos significativos tras la entrada en vigor de la nueva normativa, la cual reforzó aspectos de la reforma de 2017 (Ley 27.348) y añadió nuevas disposiciones. Al analizar el último año móvil, se registraron aproximadamente 135.000 juicios, con un promedio mensual superior a 11.000 demandas, lo que permite proyectar un cierre de 2026 con alrededor de 138.000 litigios, superando el récord de 134.000 causas alcanzado en 2025.

Este fenómeno refleja un flujo constante de demandas y la persistencia de factores estructurales que impulsan la judicialización del sistema. La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió sobre las implicancias del aumento, calificando los números como “muy malos” y destacando que “es otro aumento sobre un valor que ya había llegado a un pico”. Además, Bettiol resaltó que en el primer trimestre de 2026 los juicios crecieron un 3,4% respecto del mismo período del año anterior, subrayando la persistencia de esta tendencia al alza.

El crecimiento en la actividad judicial no fue homogéneo y se concentró principalmente en las jurisdicciones con mayor volumen de casos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el incremento, registrando una suba del 26,2% respecto de febrero y del 27,5% en comparación con marzo de 2024, cifras que el experto Bettiol calificó como “graves”. 

En la provincia de Buenos Aires, aunque los niveles de litigios mostraron una caída en marzo respecto a los picos de febrero, el incremento interanual se mantuvo cercano al 10%. Por su parte, Santa Fe continuó con su tendencia ascendente, registrando un aumento del 16% en comparación con el mismo período del año anterior.

En contraste, Mendoza y Córdoba experimentaron una disminución en la actividad judicial en comparación con el año anterior, en un contexto de medidas adoptadas para ordenar el funcionamiento del sistema en esas jurisdicciones.

Durante el primer trimestre tras la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral, el sector observó que, contrariamente a las expectativas, no se produjo una desaceleración en la cantidad de demandas laborales; por el contrario, los datos indicaron un incremento en su ingreso. Expertos y actores del ámbito judicial interpretaron esta tendencia como una reacción habitual ante la implementación de una normativa de gran impacto, en proceso de ajuste.

La ley introdujo varias herramientas destinadas a mejorar la previsibilidad y ordenar aspectos clave del sistema judicial laboral. Entre las modificaciones más relevantes se destaca la revisión del esquema de honorarios periciales: los peritos ya no podrán cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinen, sino que deberán ajustar sus honorarios a montos fijados por el juez, en función de la tarea efectivamente realizada. Esta medida busca reducir los incentivos a la sobreestimación de incapacidades y limitar las discrepancias entre los dictámenes administrativos y judiciales.

Asimismo, la reforma estableció la obligatoriedad para los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, estableciendo potenciales sanciones por incumplimiento que podrían considerarse causas de mal desempeño. Además, se transfirió el fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires con la intención de ordenar la estructura judicial en esa jurisdicción y garantizar mayor eficiencia en la gestión.

Otra de las novedades fue la incorporación de parámetros técnicos vinculados a los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), con el objetivo de reducir la discrecionalidad en las pericias médicas. Sin embargo, la plena implementación de estos cuerpos sigue siendo uno de los principales desafíos, ya que la falta de designaciones o funcionamiento efectivo en varias provincias genera incertidumbre en la evaluación de incapacidades y mantiene un esquema con criterios dispares en distintas jurisdicciones.

En un análisis profundo sobre la dinámica del sistema judicial laboral en Argentina, Mara Bettiol, presidenta de la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART), vinculó directamente el incremento en la litigiosidad con un factor clave: la brecha entre las dictámenes de los peritos judiciales y los porcentajes de las comisiones médicas. Según Bettiol, mientras esta disparidad persista, seguirá habiendo un incentivo para litigar, ya que los demandantes buscan obtener pluses adicionales en sus indemnizaciones, lo que a su vez actúa como motor de la escalada en demandas judiciales.

La dirigente cuestionó la necesidad de que la justicia actúe como un mecanismo de revisión en todos los casos, sugiriendo que si no existiera dicha brecha, la judicialización sería mucho menor. En ese sentido, resaltó que la función de la justicia debería limitarse, reservando su intervención para excepciones, ya que en la actualidad se ha convertido en un canal de acceso casi obligatorio para los afectados.

El diagnóstico también abordó la evolución histórica del sistema. Desde 2003, el número de juicios por accidentes laborales se multiplicó, alcanzando un pico en 2017, lo que motivó la sanción de la Ley 27.348. Sin embargo, tras su implementación, los litigios disminuyeron, solo para volver a crecer desde 2019, en un contexto marcado por incumplimientos en algunos de sus ejes centrales. Actualmente, la cantidad de demandas supera nuevamente los niveles previos, generando un impacto en los costos del sistema, que según Bettiol, están subestimados. La alícuota de aportes, en torno al 2,8-2,9% de la nómina salarial, sería insuficiente, y sería necesario duplicarla, aunque las limitaciones políticas lo hacen difícil.

Asimismo, se evidenció una marcada concentración geográfica de los juicios: en 2025, el 73% de los casos correspondieron a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, un patrón que refleja una estructura territorial estable en la litigiosidad laboral.

Por otro lado, los indicadores de seguridad laboral muestran avances significativos: los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80% desde la implementación del sistema, en contraste con el aumento en la judicialización. La comparación internacional revela que Argentina presenta niveles de juicios por cada 10 mil trabajadores mucho más altos que países como Chile y España, ubicándose en 132,8, lo que evidencia un sistema con una disparidad considerable.

En respuesta a estos desafíos, diversas jurisdicciones han implementado reformas para ordenar el proceso. En Santa Fe, la Corte Suprema tomó juramento a peritos especializados y se estableció su intervención obligatoria; en Mendoza, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial. En la provincia de Buenos Aires, la sentencia “Galarza” buscó limitar montos desproporcionados y unificar criterios.

A nivel nacional, el Congreso avanzó en el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la selección de nuevos jueces laborales. De cara a 2026, con proyecciones de récords en demandas, la reciente Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, se perfila como un pilar estratégico para contener la industria del juicio, junto con los compromisos provinciales, en un esfuerzo por recuperar la seguridad jurídica perdida en el sistema.