El juez penal económico Diego Amarante procesó el 30 de marzo a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un caso que involucra presuntas irregularidades fiscales por más de 19.000 millones de pesos. Entre los procesados se encuentran el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, acusados de retener y omitir depósitos de impuestos y contribuciones correspondientes a los años 2024 y 2025. Además, fueron procesados Cristian Ariel Malaspina, secretario general, y ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, quienes enfrentan cargos por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en un contexto de agravamiento por la participación de múltiples personas en una estructura organizativa.
El magistrado también dictó un embargo sobre los bienes de la AFA por 350 millones de pesos, considerando a la entidad responsable como persona jurídica en reiteradas ocasiones de apropiación indebida de tributos y recursos sociales, en un esquema que involucra 34 y 17 hechos agravados, respectivamente. La resolución, de 140 carillas a la que tuvo acceso Infobae, señala que la responsabilidad de Tapia y Toviggino se extiende al embargo, y establece restricciones como la prohibición de salir del país sin autorización y limitar su movilidad dentro del país, aunque sin prisión preventiva en su contra.
Respecto a los otros acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se levantaron algunas restricciones de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
En su fundamentación, el juez resaltó que Tapia, como presidente de la AFA, detenta la representación legal de la institución y ocupa un rol central en la toma de decisiones, lo que incrementa su responsabilidad en las irregularidades. Se afirmó que Tapia tenía conocimiento de la falta de pago de impuestos y contribuciones, además de haber autorizado la mayoría de los pagos relacionados con los giros electrónicos. Por su parte, Toviggino, cuyo firma aparece en todos los cheques de la AFA, estaba autorizado para gestionar transferencias, lo que lo involucra directamente en las maniobras.
El magistrado insinuó que la falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos pudo haber generado una mayor disponibilidad de fondos, lo que agravaría la situación legal de los acusados. La resolución representa un paso importante en la investigación por presuntos delitos fiscales y financieros que involucran a la dirigencia del fútbol argentino.
El 12 de marzo pasado, Tapia realizó su declaración en la última de las indagatorias. A partir de esa fecha, comenzaron a contar los diez días hábiles establecidos por la ley para que el magistrado resuelva la situación de los imputados.
Mas información en el futuro...
