Imputan a Abel Furlán por presuntas maniobras fraudulentas en fondos sindicales en medio de tensiones por elecciones en la UOM

Este viernes al mediodía, la Justicia allanó la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400, en el marco de una investigación que apunta al liderazgo del gremio, encabezado por Abel Furlán. El operativo tuvo como objetivo la captura de documentación vinculada a una causa que indaga posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, relacionados con la gestión de fondos sindicales provenientes de los aportes de los afiliados.

La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini, tras una solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo de Eduardo Taiano. La investigación se centra en Furlán y María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, por un contrato suscripto entre la UOM y esta compañía, cuyo control sería ejercido por dirigentes ligados a La Cámpora. Se sospecha que el acuerdo podría estar vinculado a movimientos de fondos que alcanzan más de 100 millones de pesos mensuales, recaudados de unos 200 mil afiliados.

Por el momento, en medios tribunalicios se señala a Furlán y Calle como imputados en la causa, aunque desde la UOM aclararon que aún no hay imputación formal y que el fiscal solicitó la investigación. Además, aseguraron que el propio Furlán habría aportado pruebas de manera voluntaria en el marco del proceso.

Furlán compareció de manera espontánea ante la Justicia, presentando toda la documentación del sindicato y calificando la denuncia en su contra como "una burda operación de prensa" impulsada por dirigentes de una lista opositora local. Según afirmó, el objetivo de esta maniobra sería afectar indebidamente la elección de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), prevista para el 18 de marzo.

En su declaración, Furlán negó categóricamente cualquier irregularidad en la gestión del sindicato y desestimó las acusaciones relacionadas con delitos o desmanejos. Aseguró que ni él ni los dirigentes que firmaron los acuerdos en cuestión han incurrido en prácticas ilícitas o irregularidades, y calificó la denuncia como una acción irresponsable del denunciante, a quien calificó como un "denunciante serial ya conocido en el fuero".

Asimismo, resaltó que no existen pruebas que respalden las acusaciones de administración fraudulenta, desfalcos o deslealtad. Enfatizó que las autoridades actuales del sindicato han implementado diversas reformas para mejorar la transparencia y la profesionalización de la gestión, incluyendo procesos de certificación ISO en compras, contrataciones y pagos, con el fin de garantizar la correcta administración de los recursos del gremio. Furlán concluyó asegurando que no hubo perjuicio patrimonial ni daño a los intereses de los afiliados, y que las acusaciones carecen de fundamento.

Imputan a Furlán en una causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas en la administración de fondos sindicales

La noticia de la imputación al líder metalúrgico Antonio Furlán fue divulgada anoche por el periodista Nicolás Wiñazki a través del canal A24. Infobae tuvo acceso al escrito del fiscal Carlos Taiano, en el que se indica que se formuló un requerimiento de instrucción ante el juez competente, impulsando la acción penal conforme al artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación.

Según el fiscal Taiano, la investigación se centra en presuntas conductas fraudulentas realizadas por personas encargadas de administrar fondos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA). La acusación sostiene que estas personas habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses sindicales al gestionar de manera infiel los recursos de la organización, en un contexto que podría afectar a los afiliados.

El origen de la causa es una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, que fue adelantada por Infobae. La acusación sostiene que Furlán habría suscripto un contrato con la empresa USEM, mediante el cual cedió a dicha firma el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, pagos y administración de fondos del sindicato. La operación habría sido acordada por un plazo de diez años y contemplaba una contraprestación equivalente al 0,5% de lo recaudado por cuotas sindicales, que alcanzaría estimadamente los 100 millones de pesos mensuales.

El requerimiento también apunta a un posible conflicto de intereses, dado que María Soledad Calle, directora de USEM, sería a la vez empleada en relación de dependencia de la propia UOM, situación que podría comprometer los controles independientes sobre la gestión de los fondos sindicales. Calle, además, tiene antecedentes políticos como concejal del Frente de Todos en Zárate y militante en La Cámpora, cargos que ocupa en representación del gremio, en un nivel que supera las atribuciones habituales del secretariado sindical.

En el marco de la investigación, el fiscal solicitó diversas medidas preliminares, entre ellas la producción de informes a la Inspección General de Justicia para obtener la nómina de accionistas y directores de USEM, información a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales sobre la relación laboral de Calle con la UOM, y la revisión de los estados contables del sindicato de los últimos cinco períodos.

Es importante señalar que la existencia de imputados en la causa no implica aún una responsabilidad penal, sino que marca la apertura formal de una etapa destinada a verificar la verosimilitud de la hipótesis delictiva mediante la producción de pruebas.

Este acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, salió a la luz pocos días antes de las elecciones en las 54 seccionales del sindicato, donde entre el 2 y 4 de marzo se eligieron nuevas autoridades. A pesar de la denuncia y las dudas sobre el proceso electoral, Furlán logró imponerse con el 85% de los votos frente a la lista opositora de Angel Derosso. Sin embargo, disidentes anunciaron que impugnarán los resultados ante la Justicia, alegando que hubo fraude.

El próximo 18 de marzo, el colegio electoral de la UOM definirá la nueva conducción nacional del gremio. Furlán aspira a una reelección, aunque una coalición de seccionales rebeldes busca impedirlo y promover la designación de otro líder para el sindicato.