El gobierno clausuró un bar militante que funcionaba en el Instituto Perón en Recoleta

El Gobierno clausuró oficialmente el local gastronómico “Un Café con Perón”, ubicado en el Instituto Juan Domingo Perón, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. La medida fue confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de su cuenta en la plataforma X (antiguamente Twitter), donde expresó: “Clausura del bar ‘Un café con Perón’. LA LEY SE CUMPLE”, en referencia al presidente Javier Milei. La intervención tuvo lugar pasadas las 22 horas del miércoles.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el establecimiento, que operaba en calidad de apéndice del instituto y era gestionado por una Cooperativa de Trabajo, no contaba con las habilitaciones necesarias para su continuidad. Desde el instituto señalaron que en el último año no se entregaron ni presentaron documentos o estudios que avalaran su funcionamiento.

Luego de colocar el sello de clausura en la puerta, las redes sociales del bar expresaron su rechazo a la medida. En una historia de Instagram, la Cooperativa Lo de Néstor afirmó que “mientras la ministra Pettovello se regodea publicando en sus redes sociales imágenes de la clausura, desde nuestra cooperativa vamos a agotar todas las instancias” y que aportarán “la documentación que nos soliciten para seguir trabajando”.

El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa que el cierre del instituto, que albergaba el local, era inminente. “Va a dejar de existir el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, de estudios, investigaciones históricas, sociales y políticas, y además la comisión permanente nacional de homenaje al teniente general Juan Domingo Perón”, afirmó. Con esta decisión, el Gobierno transfirió la propiedad del edificio y sus bienes a la órbita de Pettovello y dispuso la desvinculación de 24 empleados, quienes demandaban aproximadamente 400 millones de pesos anuales en salarios. Este proceso dio inicio a una disputa que continúa vigente.

En respuesta, la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del instituto expresó que los 15 trabajadores despedidos tenían un salario promedio de 700 mil pesos mensuales, respaldado por recibos de sueldo que pusieron a disposición de los medios.

Durante el fin de semana pasado, Juan Grabois y un grupo de activistas ocuparon el edificio en Austria 2601 para impedir su clausura. La acción contó además con la presencia de diputados nacionales de Unión por la Patria, como Itai Hagman y Natalia Zaracho, así como del senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug. Desde los balcones del inmueble, colgaron banderas con consignas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. La ocupación comenzó a las 14 horas del sábado y fue definida por los ocupantes como “un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica”, en palabras de Grabois.

Cerca de las 17 horas, se desplegó un importante operativo de agentes de infantería de la Policía Federal Argentina (PFA) para proceder con el desalojo de un edificio en el centro de la ciudad. Durante la intervención, los uniformados utilizaron gas pimienta y detuvieron a un dirigente de la agrupación “Frente Patria Grande”.

Antes de llevar a cabo las acciones, el gobierno había expresado su postura respecto a este tipo de instituciones, señalando que requieren recursos públicos para fines que consideran sesgados ideológicamente. Además, aclararon que la investigación histórica sobre el ex mandatario y fundador del lugar ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, garantizando un análisis libre de condicionamientos estatales.

En cuanto al futuro del inmueble, fuentes oficiales informaron a Infobae que el edificio no está a la venta y no podrá ser destinado a dicho fin, ya que está declarado Patrimonio Histórico. Por el momento, las autoridades evalúan la posibilidad de convertirlo en una biblioteca pública destinada a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual. Asimismo, se contempla destinar el espacio del restaurante a un proyecto gastronómico gestionado por personas neurodivergentes.