El gobierno de Milei refuerza la postura de tolerancia cero frente a las ocupaciones y detiene a Juan Grabois en medio de polémica

La ministra de Seguridad remarcó que la detención del dirigente social responde a una directiva general, no a una persecución personal, y que el Ejecutivo actuará con firmeza ante cualquier intento de apropiación indebida de recursos estatales

Política08 de junio de 2025 PeriodismoyPunto

La reciente detención de Juan Grabois tras la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón ha sido interpretada por el gobierno como un mensaje dirigido a quienes, según sus palabras, buscan beneficiarse indebidamente de los recursos estatales. En declaraciones realizadas a Radio Rivadavia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la acción no responde a una persecución personal, sino a una política de tolerancia cero frente a la usurpación y el daño a la propiedad pública.

Bullrich aclaró que, bajo la gestión del presidente Javier Milei, no se busca perseguir a Grabois en particular, sino aplicar las normativas vigentes contra quienes usurpan, destruyen o rompen bienes estatales. “El gobierno de Milei no mete preso a Grabois. El Ministerio de Seguridad de la Nación expresa las directivas del presidente. Lo que hace es detener a quienes usurpan, destruyen o ingresan a la fuerza. Se llame Grabois o tenga otro nombre”, afirmó la ministra.

Asimismo, Bullrich enfatizó que el debate no debe centrarse en la figura de Grabois, sino en la decisión política de actuar ante estas situaciones. “Lo importante es la decisión. No es secundario que esté Grabois, sino que estamos actuando frente a quienes violan la ley y dañan la propiedad pública. Esto envía un mensaje claro a quienes quieran vivir de arriba y usar recursos del Estado en organizaciones cruzadas. Él que haga lo que quiera”, sostuvo.

La ministra también se refirió al rol del Poder Judicial en estos casos, señalando que la detención puede ser revertida por decisión de un juez, pero que la postura del Ejecutivo será mantener firme la acción. “Si el juez decide liberar a la persona en 24 horas, es una decisión judicial, pero la acción del gobierno se mantendrá firme. Van a intentar usar políticamente la detención, pero nosotros estamos actuando en defensa del orden y la propiedad pública”, concluyó Bullrich.

satino

El sábado, en un episodio que generó repercusiones políticas y sociales, Juan Grabois, dirigente social y militante del Frente Patria Grande, fue detenido tras una ocupación temporal del edificio que albergaba el Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y divulgación que el Gobierno decidió cerrar. La acción, llevada a cabo en la calle Austria 2601 en el barrio de Recoleta, contó con la participación de aproximadamente 50 militantes, quienes ingresaron en horas de la tarde a través del local gastronómico “Un café con Perón” para protestar contra el cierre del espacio público.

Según fuentes policiales, los manifestantes habrían forcejeado con agentes de la Policía Federal (PFA) que custodiaban las instalaciones, llegando a tener que abandonar el lugar ante la protesta. Desde los balcones, los militantes colgaron banderas con consignas como “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. En sus redes sociales, Grabois anunció la recuperación del instituto, calificando la acción como una restitución frente a lo que consideraba un acto de “odio gorila” por parte del régimen de Javier Milei.

El operativo de desalojo, que se inició alrededor de las 17 horas, fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes establecieron un perímetro en la zona y utilizaron gas pimienta, además de detener a Grabois en la vereda, en medio de forcejeos y empujones. La detención del dirigente social generó inmediatas reacciones y fue interpretada por sus seguidores como un acto de represión política.

Por su parte, la funcionaria a cargo del operativo defendió la medida, señalando la posibilidad de que sectores opositores, particularmente el kirchnerismo, intenten aprovechar la situación con fines políticos. Sin embargo, afirmó que la decisión responde a una demanda social por mayor firmeza frente a la ocupación de espacios públicos y el uso de fondos estatales. “Ellos lo pueden usar políticamente. Nosotros lo usamos como una medida en la que la misma sociedad sabe qué estamos haciendo. Que la gente sepa que con nosotros no se jode. Eso es el mensaje”, expresó, concluyendo con una frase contundente: “Con nosotros, el que las hace, las paga”.

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