Polémica en vivo por datos erróneos sobre la canasta básica y las condiciones laborales en el Hospital Garrahan

Durante una transmisión en vivo del programa “Solo una vuelta más”, conducido por Diego Sehinkman, se desató una polémica en torno a los datos económicos utilizados por la diputada nacional por La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un intento por refutar los reclamos salariales de médicas residentes del Hospital Garrahan.

En medio de un intercambio con la médica residente Laura Capobianco, quien cuestionaba las condiciones laborales y los salarios en el sector salud, Santillán afirmó que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes en mayo había sido de 360.000 pesos. La diputada mostró en su celular un cuadro supuestamente extraído de dicha fuente, pero con un error de interpretación: la cifra correspondía al costo de la canasta básica para un solo adulto, no para una familia tipo.

El momento fue captado por la audiencia y revisado por el economista Martín Redrado, presente en el estudio, quien rápidamente cuestionó la precisión del dato, señalando que la cifra mencionada no correspondía a una familia, sino a una persona. Según los datos oficiales publicados por el Indec en abril, la canasta básica total para una familia de cuatro personas alcanzó los 1.110.063 pesos.

Pese a la evidencia, Santillán insistió en su postura, argumentando que la médica residente no podía sostenerse con 800.000 pesos y que, de acuerdo al Indec, el monto necesario era 360.000 pesos. Además, cometió un error conceptual al vincular la cifra de la canasta básica con los gastos de alquiler, ya que estos no están incluidos en esa medición oficial.

Este episodio generó múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación, poniendo en evidencia la confusión y los posibles malentendidos en torno a los datos económicos utilizados en debates públicos. La discusión puso sobre la mesa la importancia de verificar y comprender correctamente las cifras oficiales en el marco de debates sobre salarios y costo de vida en Argentina.

En una reciente entrevista, las médicas del Hospital Garrahan elevaron su reclamo por las condiciones laborales y salariales en una situación que generó tensión y debate. La institución, reconocida por su excelencia en pediatría, enfrenta actualmente una crisis en la que las profesionales expresan que sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos elementales, como el alquiler de vivienda, a pesar de contar con títulos habilitantes y desempeñarse en un hospital de referencia.

El intercambio se intensificó cuando el diputado Santillán cuestionó si estas demandas habían sido planteadas en gobiernos anteriores, específicamente preguntando si las médicas se quejaban ante el kirchnerismo por no llegar a la canasta básica. La médica Capobianco respondió que esa cuestión debía canalizarse a través del Ministerio de Salud y reiteró que la principal problemática es la insuficiencia del salario para cubrir necesidades básicas, destacando que ellas, como profesionales de la salud, trabajan con dedicación diaria.

En medio del debate, se mencionó también la cantidad de personal administrativo en el hospital, con un dato que sugirió un posible exceso de personal de apoyo en relación con el cuerpo médico. Sin embargo, este número, que indicaba 953 administrativos frente a 478 médicos, no fue verificado ni presentado con documentación durante el programa, lo que deja abierta la duda sobre su precisión.

Por otro lado, la discusión se centró en los bonos otorgados a los trabajadores de salud. Santillán expresó que parecía que no les quedaba bien el bono y cuestionó qué más necesitaban, sugiriendo que las médicas no estaban conformes con los aumentos. La respuesta de las profesionales fue contundente: insistieron en que sus ingresos mensuales no les permitían cubrir sus necesidades básicas, dejando en evidencia la problemática que enfrentan en el contexto de las condiciones laborales y la remuneración en el hospital público.

Este episodio refleja no solo las tensiones en el sector de la salud pública, sino también las dificultades que enfrentan los profesionales en un contexto de reclamos por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo.

El análisis de los datos oficiales del mes de abril revela que la canasta básica total (CBT) para un adulto se ubicó en 359.243 pesos, cifra que funciona como umbral para determinar la línea de pobreza individual. Es importante aclarar que este cálculo excluye costos asociados a la vivienda, como el alquiler y otros gastos vinculados a la vivienda, y que para una familia tipo —según las proporciones estándar delINDEC— el monto necesario asciende a 1.110.063 pesos. Por lo tanto, cualquier ingreso inferior a esa cifra implica que el grupo familiar se encuentra por debajo del umbral de pobreza.

El informe también señala que la CBT experimentó un incremento interanual del 34%, reflejando la evolución de precios en bienes y servicios básicos. Sin embargo, este índice se calcula con base en consumos que tienen más de veinte años de antigüedad, y aún no se ha implementado la actualización de las nuevas canastas que el organismo planea usar para medir con mayor precisión el costo de vida actual.

Es importante destacar que la CBT contempla recursos necesarios para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias mínimas, incluyendo rubros como alimentos, vestimenta, transporte, salud y educación. No obstante, no incorpora gastos relacionados con la vivienda, como alquiler, agua, electricidad o gas. Esta precisión fue motivo de confusión durante la reciente intervención de Santillán, quien vinculó erróneamente el monto de la CBT con la capacidad de alquilar una vivienda, sumando una imprecisión adicional a su discurso. Además, el propio INDEC estima que un adulto requiere aproximadamente 12.000 pesos diarios para cubrir sus necesidades básicas, excluyendo gastos de vivienda.

Este episodio televisivo reactivó el debate sobre el poder adquisitivo de los salarios en el sector público de salud, especialmente en el contexto del Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más reconocidos del país. La controversia pone en evidencia cómo la interpretación errónea de datos estadísticos, combinada con reclamos laborales y declaraciones políticas, puede desinformar y complicar la comprensión pública de la situación. La situación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de una comunicación responsable y fundamentada en datos confiables para abordar las demandas sociales y evitar la desinformación.