Conflicto y ajuste en el Hospital Garrahan: fondos, salarios y gestión

El Gobierno no tiene previsto incrementar los fondos públicos destinados al Hospital Garrahan para hacer frente a los reclamos salariales de médicos y trabajadores del reconocido centro pediátrico. Desde el Ministerio de Salud, que financia aproximadamente el 80% del presupuesto del hospital, se advirtió que la institución presenta un “desorden administrativo” y que no se financiará la ineficiencia.

En declaraciones a LA NACION, fuentes oficiales confirmaron que se implementará un control biométrico para auditar el presentismo y los horarios del personal, en un intento de reducir irregularidades. “Los ñoquis se van, la persona que no cumple tareas deja de pertenecer al hospital”, aseguraron, en medio de la tensión generada por las protestas de los médicos residentes, que comenzaron la semana pasada y que ahora enfrentan una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo para frenar las medidas de fuerza.

El argumento oficial sostiene que el hospital cuenta con “953 trabajadores administrativos y 478 médicos de planta”, y que aunque “los recursos están”, estos se ven atrapados en la burocracia, lo que limita la posibilidad de realizar mejoras o aumentos salariales. La situación refleja un conflicto que pone en evidencia las dificultades del sistema de salud pública en un contexto de reclamos laborales y gestión administrativa cuestionada.

En medio de la polémica por la asignación de fondos destinados al sistema de salud, fuentes oficiales del Ministerio de Salud confirmaron a LA NACION que en 2024 el presupuesto de gasto corriente se incrementó en un 244%, pasando de 48.000 millones a 165.000 millones de pesos. Para 2025, ese mismo monto se mantendrá sin cambios, aunque el Gobierno no especificó las razones por las cuales ese aumento presupuestario no se tradujo en mejoras en los ingresos de los profesionales de la salud.

Los residentes y médicos denuncian que, a pesar del aumento de fondos, sus salarios permanecen estancados en torno a los 797.061 pesos para jornadas superiores a las 60 horas semanales, lo que ha generado un fuerte éxodo hacia el sector privado, donde sus ingresos pueden llegar a duplicarse. La situación genera preocupación, ya que muchos profesionales complementan sus ingresos realizando segundas actividades en clínicas privadas, una práctica que algunos consideran necesaria para subsistir en un contexto de salarios bajos y condiciones precarias.

Por su parte, un funcionario oficial afirmó que el gobierno busca que los fondos se destinen a mejorar las prestaciones y la planta de personal, y que no implementarán soluciones coyunturales como un plus salarial para calmar el conflicto actual, calificando la situación como un camino “complejo” hacia la sustentabilidad del sistema.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó duramente contra las gestiones anteriores, en particular con respecto al Hospital Garrahan, señalando que en esa institución “hay dos empleados administrativos por cada médico” y que, tras años de aumentos en cargos jerárquicos para favorecer a la política, las cuentas volvieron a estar en orden, con un equilibrio financiero que, en su opinión, aún requiere de ajustes. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, también hizo eco de estas críticas a través de las redes sociales, reforzando la postura oficial y cuestionando la gestión anterior.

La situación revela un enfrentamiento entre la necesidad de incrementar la inversión en salud y la dificultad para traducir esos fondos en mejoras concretas para los profesionales y la calidad del servicio, mientras el sector lucha por encontrar un equilibrio que asegure su sustentabilidad a largo plazo.

El delegado de la Junta Interna del gremio ATE en el Hospital Garrahan, Esteban Argañaraz, acusó hoy al dirigente Adorni de mentir en relación a la cantidad de trabajadores en el hospital infantil. A través de la red social X, Argañaraz compartió un gráfico que detalla la distribución del personal: 3.190 en el área asistencial —que incluye médicos, profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes—, 957 en logística y 581 en cargos de conducción institucional.

Por otro lado, desde el Gobierno informaron que ya se implementó un plus salarial por atención de alta complejidad, equivalente al 15% sobre el sueldo básico, y que la tarifa por hora de guardia aumentó de 8.000 a 9.600 pesos. Además, el Ministerio de Salud analiza la posibilidad de otorgar un “plus por productividad” para los médicos, aunque aún no están definidos los criterios de evaluación. Desde la cartera sanitaria expresaron que la intención es “que los médicos no tengan que buscar trabajo en otro lado”, pese a que muchos profesionales del sector público también trabajan en el sector privado. La medida, en estudio, busca fortalecer la retención del recurso humano en la atención pública.

En el Gobierno relativizaron el éxodo de profesionales del Garrahan. Señalaron que en lo que va de 2025, “hubo 70 trabajadores que se desvincularon del hospital” y que “las nuevas autoridades del Garrahan aseguraron que “los médicos se reemplazan (se va uno, entra uno)” aunque no se toma la misma actitud con el personal administrativo.

El Gobierno cambió a los funcionarios nacionales que integran el Consejo de Administración del Hospital Garrahan en octubre del año pasado. Se designó a Soraya El Kik para conducir ese órgano del centro pediátrico nacional y a Jorge Menehem y Roberto Dalmazzo como consejeros. El consejo se completa con el representante por la Ciudad, Oscar Pérez (el gobierno porteño administra el 20% de la institución).

Tras la instauración de la conciliación obligatoria, los médicos residentes del Hospital Garrahan solicitaron formalmente una reunión con el Ministerio de Salud. En respuesta, las autoridades del centro pediátrico acudieron esta tarde a una mesa de diálogo en la sede de la cartera sanitaria para abordar sus inquietudes.

Desde el Gobierno destacaron que no se permitirá que las medidas afecten la estabilidad financiera del Garrahan. En ese sentido, subrayaron que se implementó un manual de “buenas prácticas” destinado a evitar contrataciones directas, lo que permitió reducir costos en áreas como seguridad y adquisición de medicamentos. Actualmente, el enfoque se trasladará a optimizar los gastos en personal, con especial énfasis en los controles de ausentismo para garantizar un manejo más eficiente de los recursos.