El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, afirmó que fue detenido “habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes”. Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que está en "perfecto estado de salud".
Actualidad27 de diciembre de 2024
Alejandro Cabrera
La dictadura de Nicolás Maduro llevó a juicio al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo por terrorismo. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció este viernes que se le acusa de "intentar entrar al país de manera irregular".
Además, el fiscal Saab afirmó que las decisiones legales en Argentina, como una resolución de la Cámara Federal de Mendoza, indican la “complicidad” del gobierno argentino. El texto señala que este apoyo a “los familiares del procesado” busca debilitar al Estado venezolano. Según lo que dijo, “las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en planes subversivos”.
El Ministerio Público de la dictadura destacó que el acusado está siendo juzgado según lo que dice la Constitución venezolana, y su caso está bajo la revisión de un juez. Según Saab: “El mencionado acusado está bajo la autoridad del juez según lo que dice nuestra Constitución y las leyes del país.”
La controversia aumentó cuando el comunicado destacó que la dictadura de Venezuela piensa que los recientes cambios en el sistema judicial de Argentina tienen motivos políticos. El funcionario afirmó, sin presentar pruebas, que hay apoyo a "los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano". Esto ocurre en un momento de tensión entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Javier Milei.
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La investigación judicial sobre la adjudicación irregular de tierras fiscales ha puesto en el centro de la escena a Marta Soneira y a varios miembros de su familia, quienes serán indagados en audiencias programadas para el 14, 15 y 16 de abril. Este caso, que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos, involucra a figuras clave y plantea serias interrogantes sobre la confianza en las instituciones gubernamentales. La comparecencia ante la Justicia no solo busca esclarecer las acusaciones, sino que también refleja una creciente demanda social por una administración pública más ética y responsable. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de bienes del Estado.
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Informe exclusivo de LN + con Luis Majul y Gasulla
