«A medida». Así fue el examen que la fiscal federal Cecilia Incardona rindió el 26 de febrero pasado, en el marco del concurso organizado por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes que dejarán los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. Según pudo confirmar PeriodismoyPunto, entre los casos sobre los que los aspirantes debieron responder uno se inspiró en una investigación realizada por la propia Incardona.

Se trata del «caso 3», en el que los candidatos debían resolver las impugnaciones y los pedidos de excarcelación presentadas por imputados en una causa de trata de personas con fines de explotación laboral, que tuvo su origen en una denuncia presentada por funcionarios de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, a partir de una inspección realizada «en un galpón ubicado en la zona de terrenos baldíos detrás del autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El texto entregado a los concursantes indicaba también que las víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad paraguaya; que cumplían con jornadas laborales de «14 horas diarias sin descanso en la actividad avícola»; que lo hacían en compañía de tres menores de edad de 10, 11 y 12 años; y que «vivían allí mismo en condiciones sumamente precarias». Un calco de una investigación que la fiscal Incardona inició en noviembre de 2019.

El expediente nació a partir de una denuncia por trabajo esclavo realizada por un inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que visitó la empresa avícola Supremo SA, que cuenta con varios campos ubicados en las localidades de Cañuelas y Las Heras, y contó con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

De acuerdo a la presentación, en un campo ubicado en la Ruta 6 kilómetro 89,5 vivían y trabajaban 30 personas en condiciones infrahumanas, distribuidas en dos granjas dedicadas a la cría de pollos. Los trabajadores –mayormente paraguayos– habitaban un colectivo abandonado en el predio que se encontraba estacionado frente a los corrales de las aves. Según el sitio Fiscales, la denuncia agregaba que las víctimas residían allí junto a menores de edad.

De esta manera, la mayor diferencia entre el caso hipotético y el real –revelado el 7 de diciembre de 2019 por el periodista Omar Lavieri– está en la ubicación del predio inspeccionado.

Tras la corrección de los exámenes, el Consejo de la Magistratura definió en abril un orden de mérito provisorio que encontró a Incardona en el puesto 20. Sin embargo, el kirchnerismo hizo valer su mayoría en el organismo y el 19 de agosto la ascendió al tercer lugar bajo el pretexto de que inicialmente no se habían considerado sus antecedentes profesionales ni su carrera docente.

La maniobra fue impulsada por la diputada Vanesa Siley y contó con el apoyo del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; del presidente del Consejo, Diego Molea, y de los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones, quienes junto a ella integran la Comisión de Selección del Consejo. El diputado macrista Pablo Tonelli había pedido postergar el trámite del tema, pero el oficialismo se negó.
“Todos sabemos de qué concurso hablamos, por una demanda de la Corte en el caso Bertuzzi que ordenó celeridad en el concurso”, dijo Ustarroz.

Molea coincidió: “No es un concurso más porque hay un planteo de la Corte Suprema de Justicia y hay un compromiso nuestro en dar celeridad y transparencia. Lo venimos haciendo con un enorme esfuerzo y trabajo. Entendiendo otros planteos, el Dr. Tonelli tuvo tiempo y ha hecho una precalificación, luego se sorteó una comisión y tuvieron tiempo para poder analizar y todos los consejeros tuvimos tiempo para trabajar en las impugnaciones”.

Por su parte, Siley aprovechó la oportunidad para cuestionar a la prensa. “Sin importancia de lo que diga la prensa maliciosamente, hemos realizado un trabajo respecto a las calificaciones que deben estructurarse por reglamento, y lo hemos hecho por cada uno de los ítems”, dijo

Incardona investigó el llamado espionaje macrista hasta febrero de este año, cuando la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el pase del expediente a los tribunales de Comodoro Py. Desde entonces es mencionada como una de las grandes favoritas a quedarse con uno de los sillones de la Cámara Federal, que tiene la llave para que prosperen o no hacia el juicio oral las causas contra funcionarios del actual gobierno y del anterior.

Sobre el supuesto arreglo del concurso para favorecer a la fiscal, uno de los aspirantes a camarista que rindió ese examen dijo a PeriodismoyPunto: «Evidentemente, estaba todo preparado para servírselo en bandeja».