Cada vez que algún candidato o dirigente de la oposición se anima a hablar de la política de derechos humanos kirchnerista, la Presidenta enfurece. Es su tema tabú. Cristina cree que nadie debería poner en duda lo que el kirchnerismo hizo, durante la década ganada, en materia de derechos humanos.

Desde el 24 de marzo del 2004 en la ESMA, en que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre de la democracia por no haber hecho nada por la justicia ni la memoria –una inmensa canallada- el oficialismo se metió en el bolsillo a la bandera de los derechos humanos y a sus dos grandes símbolos: Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Mientras tanto, silenció a las voces críticas y conformo un discurso social que nadie se animó a discutir hasta los años finales de la “década ganada” en que el relato, en su totalidad, se cayó a pedazos.

La estafa no fue sólo material. A pesar de los 1296 millones de pesos que manejó Sergio Schoklender junto con Hebe de Bonafini en Sueños Compartidos para construir viviendas en un proyecto que terminó de forma abrupta y escandalosa, el desfalco no fue únicamente económico. La alianza entre Hebe y Estela con el kirchnerismo las convirtió en rock-star, en aplaudidoras de los actos partidarios y en escudos “éticos” de la corrupción y la mentira de estos años. En el medio hubo millones de subsidios, tráfico de influencias, acomodos de familiares y amigos en el Estado y un ejército de parásitos que se ampararon en los símbolos para escalar en el gobierno mientras cambiaban de auto y de casa. A pesar de no haberlas recibido jamás como gobernador, Néstor Kirchner se metió a las Madres y a las Abuelas en su bolsillo y se adueñó de la bandera de los derechos humanos como lo había intentado hacer Adolfo Rodríguez Saá en su breve paso por Casa Rosada. Hijo del “que se vayan todos”, Kirchner se vendió como el líder de “los buenos”: artistas, piqueteros, intelectuales, científicos, docentes y los símbolos de los derechos humanos.

Mientras tanto, con Horacio Verbitsky como ideólogo, tal como describe Ceferino Reato en su último libro, Kirchner conformó una estructura estatal para eternizar los juicios por la memoria. Un grupo de selectos abogados se hicieron millonarios. La secretaria de Derechos humanos fue allanada en dos oportunidades por el juez Claudio Bonadío que investiga el negocio de las indemnizaciones a familiares de las víctimas de la última dictadura militar. Será un futuro escándalo.

Cuando se publicó “El negocio de los Derechos Humanos” gran parte del periodismo no se animó a hablar de su contenido. El título parecía una exageración. Corría el año 2012. Años después, el gobierno estatizaría la Universidad Popular de Bonafini para salvar a su Fundación de una jugosa deuda de 200 millones de pesos con trabajadores despedidos a los que no se les pagó las indemnizaciones ni las cargas sociales. Cuatro años después, a 100 trabajadores se les abonó 6500 pesos. No es un chiste. Uno de los punteros que manejó un obrador junto con Hebe y Schoklender, intentó evitar que Mauricio Macri pise suelo chaqueño. El piquetero Emerenciano Sena, el protagonista de la “democrática” historia, se casó hace tres años con Jorge Milton Capitanich como padrino de boda. Lo peor de la política abrazó el negocio mientras volaban los aviones de Meldorek. La Fundación financió proyectos personales y campañas políticas, desde el trunco proyecto de Abel Fatala como jefe de gobierno porteño hasta Amado Boudou pasando por una pelea del concejal del FPT y sciolista, Jorge “Acero” Cali. En la Ex Esma hicieron “asaditos” y la transformaron en una unidad básica y en un aguantadero para los amigos.

La Presidenta se llenó la boca hablando de derechos humanos y se olvidó de las violaciones de los derechos del presente. Sus símbolos bajaron al barro de la política partidaria y jamás se solidarizaron con las víctimas, olvidados y perseguidos de la década ganada. La estafa moral es el peor de los curros que hizo el kirchnerismo con los derechos humanos.