El gobierno denunció los negociados en hospitales públicos
Se trata del Hospital Sommer, en el que funcionaba una "asociación que administraba estas cuestiones". El hallazgo se dio tras un control del Ministerio de Salud.
Las imágenes impactaron a gran parte de la sociedad argentina pero los vándalos esquivaron a la justicia.
Investigación27 de enero de 2022 Luis Gasulla y Federico TeijeiroEl 17 de octubre del año pasado, un grupo minúsculo de personas vandalizó el memorial en homenaje a los caídos por Covid en Plaza de Mayo. Arrancaron sus fotografías, pisotearon las piedras que representaba cada uno de los fallecidos, y mostraron su desprecio ante el dolor ajeno. Pero el dolor del otro era el dolor de un país. No les importó. El gobierno nacional, experto en indagar en la vida de los otros, en esta ocasión, no demostró interés por los cuatro personajes que protagonizaron el miserable hecho.
No denunció lo sucedido. Tampoco sus canales militantes del relato K expusieron sus rostros ni bucearon sobre su pasado. Expertos en la política del escrache, aquí, la pasaron por alto.
PeriodismoyPunto se comunicó con amigos y familiares de dos de los «miserables». Una familia de un tristemente célebre protagonista negó ser el de la foto, a pesar de lo que decían sus conocidos y, otro amigo de otro «miserable» intentó justificar lo sucedido.
La justicia no profundizó sobre lo sucedido. El tiempo pasó y el hecho quedó en el olvido. Hasta hoy…
Marianela Almirón, nacida en la nochebuena de 1990, se preparaba para su cumpleaños 31 cuando festejaba lo sucedido en Plaza de Mayo rodeada de la «militancia». Se desempeña en la Escuela de Comunicación y Lenguaje Siembra ubicada en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero. Oriunda de Santos Lugares, Marianela demostró que la docente K de La Matanza, no era una excepción y justificó el hecho vandálico.
Julio César Almirón, 55 años, también participó de los hechos aquella triste tarde «peronista». El comerciante de «Droguería Meta SA» sería familiar de Marianela y vecino de Santos Lugares. El rol más indignante que ejerció en el hecho lo ejerció María Delia Redruello que esta semana cumplió 64 años. La docente de Tigre, zona del Delta, tampoco quiso contestar la requisitoria periodística. Según información que obtuvo PyP, Redruello es empleada del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Allí comenzó a desempeñarse con la llegada de María Eugenia Vidal a la provincia. Pero ya venía cumpliendo funciones en la cosa pública. Los cuatro años anteriores, 2012 al 2016, pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia durante la gestión de Daniel Scioli.
Por último queda el «miserable» que pisoteó las piedras junto con Redruello. Se trata de Daniel Esteban Ivani (65 años). Proveniente del partido de Moreno, esa tarde llegó a Plaza de Mayo con ganas de borrar de un plumazo de la historia argentina a los muertos por Covid que reclamaban justicia por el vacunatorio vip, el robo de las vacunas y los negociados con Rusia.
Otra vez, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, figuraba como empleador de otro de los protagonistas de esta triste historia. ¿Qué diría Roberto Baradel si los vandalizados fuesen amigos suyos? Ivani trabaja en la Dirección desde hace una década. Estatismo al palo. Que tres de los cuatro «miserables» vivan del Estado, genera la constante duda de cuál es el mérito para ingresar al estado nacional, provincial o municipal.
Parecería ser que el mérito es la militancia entendida como el desprecio al otro; a la vida y a los que ya no están.
Se trata del Hospital Sommer, en el que funcionaba una "asociación que administraba estas cuestiones". El hallazgo se dio tras un control del Ministerio de Salud.
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