El programa de La Nación + ha firmado un acuerdo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y TANDANOR con el fin de crear infraestructura y materiales urbanos para los barrios populares. Un año más tarde, los objetos siguen siendo arrojados en diferentes embarcaciones y barcos, y el gobierno paga un canon en dólares de un millón de dólares por no distribuirlos.
Actualidad08 de julio de 2024 Periodismo y PuntoEl FISU, o el Fondo de Integración Socio Urbana, firmó un convenio con Tandanor el 28 de enero de 2022 para la "provisión de servicios de ingeniería, diseño, mano de obra, materiales, logística, transporte y emplazamiento necesarios para la realización de obras de Integración Socio Urbana en los términos de las obras determinadas".
La duración del proyecto era de un mes y la entrega no superaría los 180 días. El monto total incluía el IVA y se pagaba en pesos al valor de cambio oficial en la fecha de la transferencia, según la banda vendedora del Banco de la Nación Argentina.
De acuerdo con la información interna que La Cornisa obtuvo, Tandanor tenía la facultad de incrementar los gastos en un 20% por categoría. La mitad del gasto se pagaría anticipadamente para el diseño del presupuesto.
Se prevé la construcción de 900 pérgolas, 300 refugios para autobuses, 1500 bancos, 2250 bicicleteros y gradas altas y bajas para 200 y 600 puentes peatonales.
Sin embargo, debido a varios incumplimientos, el convenio fue rescindido en agosto de 2023. Según datos oficiales, el FISU había transferido $20.655.278,99 y recibió $2.297.652.320,94. Las partes acordaron que los materiales serían entregados en un plazo de seis meses. En medio de la campaña electoral, dos semanas después, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, inauguraron una pérgola de Néstor Kirchner en el interior de TANDANOR, como si nada hubiera pasado. Hablaron del proceso que ya había sido cancelado por un valor millonario.
11 meses más tarde, La Cornisa llegó a TANDANOR y se topó con el mobiliario urbano arrojado entre embarcaciones y barcos. El gobierno de Argentina debe abonar una tarifa mensual para mantener y proteger los materiales hasta que se realice la retirada total de los elementos.
El actual ministro de Defensa, Luis Petri, se comprometió a revisar todo el material y presentar las denuncias penales correspondientes.
Según la Cornisa y Luis Gasulla
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