El Gobierno incrementó la tensión con los gobernadores al reducir a cero los fondos de las cajas jubilatorias provinciales debido al ajuste fiscal

Una docena de gobernadores se han unido frente a la Casa Rosada para exigir una transferencia de fondos para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, un tema crucial del gasto público que tiene un impacto en las finanzas provinciales, aunque actualmente se encuentra en silencio. Es decir, los ingresos mensuales que abonan los gobiernos subnacionales.

La razón detrás de la puja radica en que, en el contexto del programa innegociable de déficit cero liderado por Javier Milei y Luis Caputo, uno de los aspectos del gasto que sufrió un ajuste completo fue el de las transferencias a provincias que pertenecen a cajas previsionales.

Debido a esto, las provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras, deben asumir los fondos que en un principio pensaban recibir a través de transferencias desde la Nación. Los gobernadores se ven obligados a implementar sus propias modificaciones internas con el fin de no descuidar las finanzas públicas en un momento en que las transferencias nacionales son limitadas.

No hay cálculos oficiales sobre la cantidad de dinero que los gobernadores solicitan al Ministerio de Economía para este propósito, sin embargo, hay múltiples vías de reclamo que han llegado a los funcionarios más altos del gobierno nacional, incluso en reuniones plenarias de ministros de hacienda provinciales con el de la Nación. Además, las provincias ya han obtenido promesas relacionadas con este tema.

Es complicado cómo la Nación compensa el déficit de las cajas previsionales provinciales, ya que la Casa Rosada presupuestó un déficit estimado que las gobernaciones tendrán que financiar en un año determinado. Ese total se divide en doce partes y se envía a ese grupo de provincias cada mes. Si hay un cambio en el presupuesto a favor de esas jurisdicciones al final del año, la Nación deberá recuperarlo.

Para estimar el déficit, la Anses necesita utilizar la información de las provincias para realizar una "simulación" del desequilibrio y así poder presupuestarlo. Este año, ese proceso se convirtió en la principal justificación de la Nación para no enviar fondos. Nicolás Posse, como jefe de gabinete, envió al Congreso un informe en el que se reiteró la pregunta sobre ese dinero. Y en todos los casos, la respuesta fue similar.

Posse mencionó que la Anses se encuentra abocada al requerimiento de información necesaria que deben entregar las cajas previsionales provinciales, tanto de recursos como de gastos, en relación a la estimación del monto y fecha de las transferencias del Ejercicio 2024 a cada una de las provincias que no transfirieron las cajas previsionales a la Nación.

Sin la información adecuadamente conformada, no se puede llevar a cabo la simulación del déficit anual que, después de ser auditada por la Anses "in situ", establezca el marco de referencia para la suscripción de un Convenio Provisorio de Financiamiento y el posterior pago de los déficits determinados.

La Casa Rosada afirma que no tiene obligaciones financieras con las provincias debido a que aún no se ha establecido el marco legal -los acuerdos entre gobernaciones y Anses- que requiere la realización de esos envíos. Hablamos con Hacienda y nos han informado que enviarían los fondos en caso de que el Gobierno nacional tenga un superávit financiero y se lleven a cabo las auditorías pertinentes. El ministro de economía de una provincia gobernada por Juntos por el Cambio expresó su descontento por la demora. En Córdoba, se prevé que a esta época del año reciban $10.000 millones mensuales.

En otros casos, existen al menos tres provincias que han presentado demandas ante la Corte Suprema de Justicia, donde se resuelven los conflictos entre las jurisdicciones provinciales y la Nación, con el fin de solicitar fondos adeudados de cajas jubilatorias no transferidas. Santa Fe solicita $700.000 millones que se cree que deberían haber recibido entre 2020 y 2023, mientras que Córdoba busca otros $117.000 millones y Entre Ríos $145.000 millones.

Es común que el gobierno Nacional y las provincias se enfrenten a disputas debido a las transferencias realizadas a través de cajas previsionales. De 2012 a 2015, no se realizaron transferencias. Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikón Chaco, que se especializa en finanzas de las provincias, recuerda que en ese momento el oficialismo no cumplió con los requisitos establecidos en los pactos firmados, lo que provocó demandas.

En los primeros cuatro meses del año, según Nadin Argañaraz, un economista experto, "todas las jurisdicciones experimentaron una disminución real en el gasto pagado desde Nación en concepto de transferencias no automáticas, que incluyen las que van a las cajas previsionales". En CABA se registraron las caídas más bajas (-10,4%), Santa Cruz (-51,3%) y Chubut (-61,8%). En contraste, diez jurisdicciones experimentaron caídas reales superiores al 95 %.

En las interacciones entre los gobernadores y la Nación, la cuestión de las cajas previsionales es solo una de las cuatro demandas repetidas en cada situación de falta de fondos. El Fondo Incentivo Docente (Fonid), impulsado por un grupo de diputados que buscan avanzar en un proyecto para restituirlo, y que consiste en que la Casa Rosada financia parte del salario de los docentes. Los envíos para obra pública y los subsidios al transporte también están en ese panorama crítico.