La República Argentina mantiene, hoy mismo, un convenio internacional de cooperación técnico-militar con Rusia, que implica, entre otras cosas, que integrantes de nuestras FFAA concurran al país invasor a recibir entrenamiento militar.

Asimismo, el Congreso Nacional, en el año 2004, sancionó la ley 25880, mediante la cual restringió su facultad constitucional de autorizar o rechazar el envío de tropas al exterior, permitiendo de modo genérico, al Poder Ejecutivo, decidir por sí mismo, y sin autorización del Congreso, el envío de militares argentinos a otras naciones, por razones de ceremonial, cooperación en catástrofes, instrucción, adiestramiento y entrenamiento.

En este contexto, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) presentó un proyecto, que fue acompañado con la firma de varios integrantes del interbloque de Juntos, a fin de derogar la ley 26.159 que aprueba el convenio de cooperación con Rusia y, paralelamente, para que el Congreso retome, hasta nuevo aviso, la facultad de autorizar o desautorizar el envío de personal militar al país beligerante, así como el ingreso de personal militar ruso a nuestro país, cualquiera fuere el motivo de dichos envíos.

Resulta escandaloso que el Presidente de la Nación no haya dejado sin efecto el convenio con Rusia, para lo cual tiene plenas facultades constitucionales. Y más aún -como se sostiene en los fundamentos del proyecto opositor- cuando Argentina, que preside el Consejo de DDHH de la ONU, votó en dicho consejo “una Resolución que pone en marcha una investigación respecto a la comisión de delitos de guerra y violación a los DDHH por parte de las fuerzas armadas rusas, en el territorio de la República de Ucrania. Resulta entonces insostenible que personal militar de nuestro país realice tareas de adiestramiento e instrucción en la Federación de Rusia, al tiempo que Argentina preside las investigaciones por delitos que estaría cometiendo personal militar ruso en Ucrania.”

La condena a medias tintas de la invasión rusa a la República de Ucrania trae nuevamente al mundo el recuerdo de la vergonzosa posición argentina durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los nefastos gobiernos de aquel entonces exhibían neutralidad en los papeles y apoyo político al Tercer Reich y sus aliados, en los hechos.

El actual gobierno debería hacer su mayor esfuerzo para que no se repita la historia. Nuestro destino es ser refugio de quienes están siendo masacrados y, NUNCA MÁS, de criminales de guerra.

La República Argentina mantiene, hoy mismo, un convenio internacional de cooperación técnico-militar con Rusia, que implica, entre otras cosas, que integrantes de nuestras FFAA concurran al país invasor a recibir entrenamiento militar.

Asimismo, el Congreso Nacional, en el año 2004, sancionó la ley 25880, mediante la cual restringió su facultad constitucional de autorizar o rechazar el envío de tropas al exterior, permitiendo de modo genérico, al Poder Ejecutivo, decidir por sí mismo, y sin autorización del Congreso, el envío de militares argentinos a otras naciones, por razones de ceremonial, cooperación en catástrofes, instrucción, adiestramiento y entrenamiento.

En este contexto, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) presentó un proyecto, que fue acompañado con la firma de varios integrantes del interbloque de Juntos, a fin de derogar la ley 26.159 que aprueba el convenio de cooperación con Rusia y, paralelamente, para que el Congreso retome, hasta nuevo aviso, la facultad de autorizar o desautorizar el envío de personal militar al país beligerante, así como el ingreso de personal militar ruso a nuestro país, cualquiera fuere el motivo de dichos envíos.

Resulta escandaloso que el Presidente de la Nación no haya dejado sin efecto el convenio con Rusia, para lo cual tiene plenas facultades constitucionales. Y más aún -como se sostiene en los fundamentos del proyecto opositor- cuando Argentina, que preside el Consejo de DDHH de la ONU, votó en dicho consejo “una Resolución que pone en marcha una investigación respecto a la comisión de delitos de guerra y violación a los DDHH por parte de las fuerzas armadas rusas, en el territorio de la República de Ucrania. Resulta entonces insostenible que personal militar de nuestro país realice tareas de adiestramiento e instrucción en la Federación de Rusia, al tiempo que Argentina preside las investigaciones por delitos que estaría cometiendo personal militar ruso en Ucrania.”

La condena a medias tintas de la invasión rusa a la República de Ucrania trae nuevamente al mundo el recuerdo de la vergonzosa posición argentina durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los nefastos gobiernos de aquel entonces exhibían neutralidad en los papeles y apoyo político al Tercer Reich y sus aliados, en los hechos.

El actual gobierno debería hacer su mayor esfuerzo para que no se repita la historia. Nuestro destino es ser refugio de quienes están siendo masacrados y, NUNCA MÁS, de criminales de guerra.