Después de un acuerdo con el Gobierno, la UBA declaró la emergencia presupuestaria, lo que generó controversia

Todas las universidades nacionales de gestión pública se encuentran en una situación de falta de fondos para cumplir con las actividades normales este año, ya que el Gobierno nacional solo les renovó el presupuesto con el mismo monto de 2023, a pesar de una inflación del 211% interanual y un aumento del 70% en la partida de gastos de funcionamiento (que es para pagar servicios básicos y materiales de mantenimiento).

Una de las principales áreas de protesta que llevaron a cabo las universidades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, junto con sus familias, fue en la UBA, con el fin de solicitar un financiamiento que permita la realización de actividades académicas durante todo el año lectivo. Además, la UBA había lanzado una campaña en video para denunciar la falta de financiamiento y recaudar firmas para respaldar la petición, la cual sería presentada ante las autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso. 

Sin embargo, el miércoles, el Consejo Superior de la UBA confirmó que la universidad de gestión pública más grande del país había logrado un acuerdo con el gobierno nacional, lo que llevó a la suspensión de la emergencia universitaria. Las respuestas de las otras universidades nacionales no fueron anticipadas. 

Acuerdo firmado por la UBA y el gobierno.

La declaración de emergencia presupuestaria realizada el 10 de abril fue suspendida por el Consejo Superior de la UBA. El refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó hoy después de las conversaciones con las autoridades de la Universidad es el resultado de esto. Este presupuesto está destinado únicamente a financiar las actividades operativas de esta institución. En cualquier caso, la universidad expresó su preocupación por los salarios, la investigación y la infraestructura. 

El Consejo Superior expresó en los considerandos de la resolución que el refuerzo otorgado ha aumentado el presupuesto para gastos de funcionamiento que había sido prorrogado de manera oportuna. Las decisiones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto de la universidad aprobado en 2023 y del 300% para los hospitales universitarios y las funciones universitarias relacionadas con el área asistencial.

La resolución aclaró que aunque las cantidades mencionadas están por debajo del presupuesto ideal para el funcionamiento completo de la Universidad, permiten una programación presupuestaria que hasta ahora era imposible.

El Consejo Superior tomó la decisión de "poner fin a la emergencia presupuestaria en la Universidad de Buenos Aires a partir de hoy".

En la resolución mencionada, se expresó la grave preocupación y la urgencia de llegar a un acuerdo rápido entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales para recuperar el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo. Además, se mencionó que las partes interesadas en la recomposición salarial no están involucradas.

El Consejo Superior de la Universidad respaldó la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario que establecerá límites objetivos para la distribución del presupuesto de las universidades nacionales y un sistema de actualización que permita mantener el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas anualmente y durante todo el año.

Conflictos en otras universidades del país

El CIN expresó su opinión sobre el acuerdo entre la UBA y el gobierno nacional, mencionando la controversia que ya se había generado en las redes sociales debido a la falta de atención hacia los problemas de presupuesto de las otras universidades nacionales. 

La Universidad de Buenos Aires ha recibido una actualización del presupuesto de gastos de funcionamiento en un 270 por ciento y de un 300 por ciento para hospitales, lo que indica que el gobierno nacional ha reconocido uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Este organismo autónomo está compuesto por representantes de las principales universidades nacionales, institutos universitarios y universidades públicas. 

Además, opinó que es inaceptable y molesto que se otorgue reconocimiento únicamente a una universidad en lugar de al sistema que integra a 60 universidades en todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas.

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y segunda", enfatizaron. Entonces, una vez que el gobierno ha confirmado con sus acciones que los recursos están disponibles, demandamos de inmediato una decisión que asegure un aumento equivalente al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.

El CIN afirmó que continuará respaldando los reclamos salariales por paritarias de los gremios que conforman sus instituciones educativas y que requieren reconstruir el poder adquisitivo de sus miembros. Además, se debe mantener y reforzar el sistema científico y tecnológico, actualizar el monto destinado a becas estudiantiles y recuperar las obras de infraestructura que actualmente están paralizadas.

Por último, pensaron en este convenio como una táctica para dividir la demanda universitaria, lo cual recibió un gran respaldo social: "Desestimamos cualquier táctica que fomente la separación entre universidades y dentro de ellas". Nunca daremos prioridad a ningún atajo ni aceptaremos ningún intento de división. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no se conforma con sus opiniones. No se trata solo de recursos, sino también de principios.