Además, el expediente comenzó con llamados a la línea 134. Varios informes y declaraciones testimoniales fueron requeridos por el juez Ariel Lijo. Se han iniciado 10 mil demandas, según Patricia Bullrich.
Actualidad16/05/2024
Alejandro Cabrera
Esta semana se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la causa judicial dirigida por el juez federal Sebastián Casanello, la cual tiene en vilo a los principales grupos piqueteros. Sin embargo, esta causa no es la única en curso en los tribunales de Comodoro Py. Ariel Lijo está a cargo de otra gran causa por los mismos delitos que su compañero. Según fuentes judiciales, ese expediente incluye más de 1000 denuncias recibidas a través del centro de llamadas de la línea 134.
La denuncia sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei se incluyen en la causa que está en proceso en el juzgado de Lijo, uno de los dos candidatos del Gobierno para ingresar a la Corte Suprema. El 22 de diciembre del año pasado tuvo lugar una manifestación en la que diversas entidades se unieron para protestar en contra del decreto de necesidad y urgencia que afectaba la economía. Entre las organizaciones que participaron en la marcha se encontraban la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras.
REGISTRO CLAVE
En el registro se registran acusaciones relacionadas con la manifestación del 24 de enero, que fue el primer paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La manifestación de ese día fue multitudinaria, aunque la asistencia al paro varió significativamente en diferentes categorías. Los colectivos sociales que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, las organizaciones políticas de izquierda como el MST, el FIT Unidad y el Plenario Sindical Combativo se unieron a los gremios en una movilización.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio, las acusaciones también involucran presuntos delitos relacionados con las manifestaciones del 8 de marzo en honor al Día de la Mujer y la protesta del 24 de marzo. Uno de los investigadores señaló que se están investigando amenazas a los beneficiarios de los planes por no participar en manifestaciones.
La cantidad de denuncias hace que el expediente sea extenso. La fuente mencionó: "Tenemos más de mil denuncias recibidas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes hicieron las amenazas". El juez Lijo ya solicitó informes de cuentas y declaraciones testimoniales a pesar de que la causa aún no ha comenzado.
Este lunes, Infobae reveló los allanamientos ordenados por el juez Casanello en el marco de la denuncia que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, lo que reveló las denuncias judiciales contra los grupos piqueteros. En las sedes de las organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas, se llevaron a cabo 28 procedimientos.
Los secuestros incluyeron celulares, computadoras y una gran cantidad de dinero en efectivo. Además, se encontró un cuaderno que podría ser crucial porque contiene inscripciones manuscritas con listados de personas que estuvieron presentes en manifestaciones y entregaron artículos a los comedores.
Además, Casanello ordenó la inhibición general de los bienes de todos los acusados en la causa: Jeremías Cantero, el segundo en la PO después de Belliboni, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales y Lucca Martínez. Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo "Toto" Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza
La investigación comenzó en diciembre pasado y se registraron denuncias en todo el país. No obstante, el fiscal Pollicita se concentró en las 45 acciones que ocurrieron en la Ciudad de México. Y logró localizar a varios de los acusados, lo cual suele complicar estas investigaciones. Los demás casos fueron enviados a los tribunales federales del interior del país.
Las denuncias recibidas en el call center de la línea 134 dieron lugar a las dos causas, la de Lijo y la de Casanello.
Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a radio Mitre que se presentaron 150 mil denuncias debido a que "la población perdió el temor". Aproximadamente 10.000 denuncias fueron llevadas a juicio de acuerdo con esa cantidad. La gente deja de temer porque se da cuenta de que está siendo víctima de dos veces. Bullrich enfatizó que nunca se proporcionan los datos de las personas que denuncian ni los de las partes involucradas hasta que la Justicia los proporcione.
En la entrevista mencionada, la ministra enfatizó la colaboración con el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, quien se encargó de verificar la autenticidad de los nombres y datos proporcionados por los denunciantes. Bullrich finalmente asumió la responsabilidad de las denuncias judiciales y posteriormente solicitó presentar una querella. No obstante, Casanello optó por rechazar esa presentación anoche. Uno de los argumentos formales fue que la calidad de persona "particularmente ofendida" es fundamental para ser admitida en un proceso penal, ya que es propia de quien se presenta de manera singular, individual, especial y directa por el daño o peligro que el delito acarree.
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