El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, Rodrigo Puértolas, ocupó el cargo de director de la Dirección Nacional por menos de dos meses. Nunca tomó una decisión oficial. Las internas por los cambios que anunció la Casa Rosada.
Actualidad15/05/2024 Periodismo y Punto
La primera baja fue provocada por los cambios llevados a cabo por el gobierno de Javier Milei en el sistema de los Registros del Automotor. Rodrigo Puértolas, quien había sido nombrado director nacional hace dos meses, renunció debido a su desacuerdo con el cambio anunciado hace unos días. Con el impulso de Santiago Caputo, el joven abogado había llegado al Ejecutivo. Sin embargo, nunca fue designado oficialmente. Según varias fuentes del sector, se reunió con los líderes de todas las áreas en las últimas horas y les comunicó la noticia.
Como otros funcionarios actuales, Puértolas carecía de relación con La Libertad Avanza. En realidad, provenía del Partido Justicialista de Puerto Rico y había respaldado la postulación de Sergio Massa como candidato presidencial.
Durante los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández, lideró el proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUSE), un organismo que estaba bajo la jurisdicción del ministerio de Economía.
La designación de Puértolas como directora de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor no fue una elección inmediata. De hecho, al menos dos candidatos finalmente renunciaron. Una fuente que conoce todas las terminales del sistema explicó: "Llegó en marzo, comenzó a dar órdenes pero se lo notaba con muchas dudas desde el comienzo".
En los hechos, el abogado asumió el cargo de director nacional sin un nombramiento formal, mientras que las decisiones oficiales fueron tomadas por dos funcionarios principales: Mónica Cortes y Martín Enrique Pennella.
Puértolas, en desacuerdo con las decisiones oficiales, comenzó a influir en su continuidad. La elección de retroceder en los incrementos a mediados de abril representó un momento previo y posterior. “No puedo crear un plan de gestión en estas circunstancias, todos los días hay una renuncia”, lamentó. Finalmente, este lunes, convocó a varios funcionarios de la DNRPA y les informó que debían salir.
Intentó hacer realidad lo que el Gobierno pretendía: avanzar con los instrumentos digitales pero sin descuidar la calidad de los registros. Era de buenas intenciones. Una fuente del sector que habló con Puértolas en los últimos días expresó que se estaba trabajando en un marco regulatorio para la designación de los interventores.
El 3 de mayo, el Gobierno anunció una disminución del 30% en el personal de la Dirección Nacional. No había nadie dispuesto a impulsar ese cambio, ya que otras medidas más populares, como la eliminación de la cédula azul o el cierre del 40% de los Registros, lo opacaban.
La salida de Puértolas demuestra la oposición que resultó de los cambios anunciados en el sistema. Decenas de amparos se presentaron en todo el país en los últimos días, según Infobae. Las presentaciones tienen como objetivo cambiar la decisión oficial de suspender los aumentos otorgados a mediados de abril. En Buenos Aires, La Plata, Córdoba y algunas provincias del Norte se han establecido refugios.
La cantidad de demandas se dirige hacia una resolución urgente del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, emitida el 16 de abril, que anuló los aumentos otorgados horas antes. En realidad, se tomaron dos decisiones. En primer lugar, el ministro anuló el aumento de los formularios, que ya había sido incrementado en enero de este año. Además, congeló los ingresos que reciben los registradores, que técnicamente se conocen como "compensas". Desde octubre del año pasado, estos últimos se habían detenido.
Los responsables de los registros tomaron la decisión de recurrir a la justicia, tal como se había informado previamente por este medio. La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) dio el primer paso al presentar una declaración de protección con la firma de 77 encargados e interventores de registros de todo el país.El objetivo de esa presentación es declarar "nula la Resolución 2024-133-APN-MJ" y restablecer la resolución que otorgó los aumentos.Sin embargo, también busca una actualización trimestral del índice del IPC, una práctica que varias empresas de servicio han adoptado.s
Varias jurisdicciones replicaron esa presentación con presentaciones individuales y colectivas.
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