Comedores inexistentes: La nueva denuncia de Capital Humano

Sandra Pettovello, la titular del Ministerio de Capital Humano, solicitó una vez más la justicia penal debido a la presencia de irregularidades en el "Plan Nacional Argentina contra el Hambre" creado en 2020, cuyo objetivo era asegurar el acceso a los alimentos y las ayudas para merenderos y comedores comunitarios. Según el relevamiento realizado por la actual administración, el 50% de los comedores registrados "no existían" y uno "operaba en un vecindario privado".

El objetivo del programa creado por el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Desarrollo Social, era asegurar la alimentación a grupos vulnerables y, en teoría, permitir el acceso a los alimentos y beneficios para merenderos y comedores comunitarios.

La Secretaría de Inclusión Social, que dependía del Ministerio de Desarrollo en ese momento, era responsable de supervisar el funcionamiento adecuado de los comedores financiados por el Estado.

PyP recibió una denuncia penal que se relaciona con un posible incumplimiento de sus funciones como funcionario público, la cual ya ha sido presentada en los tribunales de Comodoro Py.

Los lineamientos generales y componentes del programa, creado en 2020, fueron aprobados cuando se reguló. El primero de los lineamientos tenía como objetivo asegurar el acceso a los alimentos para las familias más vulnerables, especialmente en su ítem 3, que incluía beneficios para merenderos y comedores comunitarios.

La ley que estableció este plan estableció el procedimiento para que los comedores pudieran recibir financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social mediante la validación. Estuvo compuesto por tres pasos: la inscripción previa, la comprobación de todo lo que se había presentado y, finalmente, la inscripción.

De acuerdo con la denuncia, la inscripción tenía validez por un período de dos años, sin embargo, requería una "revalidación" a partir de esa fecha, ya que de lo contrario, no podría continuar siendo parte de los beneficiarios.

Sandra Pettovello ordenó una auditoría de todos los programas que estaban en vigor cuando tomó el control del Ministerio de Capital Humano. El RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) llevó a cabo un estudio que encontró que la gestión anterior del gobierno nacional no llevó a cabo los controles adecuados en los comedores donde se ofrecía comida.

La falta de cumplimiento de los funcionarios públicos llevó a una denuncia penal: los comedores y merenderos del RENACOM administraban alimentos por miles de millones de pesos, provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de ellos eran inexistentes.

Según las autoridades del Ministerio de Capital Humano, las auditorías realizadas en julio de 2020 sobre el RENACOM, que fue establecido durante la pandemia, revelaron "distintas irregularidades sistemáticas que se deben denunciar".

El texto judicializado explicó que la falta de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron seleccionados correctamente a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento.

Según Pettovello, de los comedores totales solo se pudo liberar la mitad (52,3%) después de las investigaciones correspondientes.

El 47.7% restante no fue posible recuperar debido a que: el 32% ya no se utiliza como tal y el 25% de los datos de preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones sin comedores/merenderos).

Los datos del informe auditor se complementan con la denuncia penal, que indica que casi el 16% de los comedores registrados para recibir fondos nacionales nunca funcionaron en la dirección declarada.

Según Capital Humano, algunos de estos casos incluyen "Conquistando Sonrisas"; "Pequeños Gigantes de Quilmes"; "Cielos Abiertos"; "Luz de Luna de Pereyra"; "Esperanza"; "Los Peques de San Alberto"; "Luz y Esperanza"; "No Funciona Como Tal", y forman parte de un extenso listado de "supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados", explicó la empresa.

La denuncia menciona que el RENACOM es un registro, por lo que el Estado nacional tiene la responsabilidad de supervisar sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en los que estuvieron "inscritos", pero nunca lo ha hecho debido a la falta de actas labradas por los organismos estatales correspondientes.

Capital Humano destaca que durante la gestión del RENACOM, los comedores y merenderos recibían grandes cantidades de dinero de los fondos públicos que pertenecían a diferentes programas sociales como el PNUD y los programas de desarrollo social. Por lo tanto, es evidente que el Estado Nacional debería haber ejercido un control efectivo sobre lo que sucedía en dichos comedores durante sus años de gestión.

Un comedor en un vecindario protegido

Los denunciantes consideraron que los datos anteriores eran de mayor gravedad. Es evidente que no se llevó a cabo ningún seguimiento, a pesar de que se han descubierto varias anomalías en los presuntos comedores y merenderos, como se informa por Gauchito Gil que hay un vecindario privado en esa zona.

El comedor llamado Sol de Barrio, cuya dirección no se pudo encontrar y los vecinos admiten que nunca había funcionado allí.

La denuncia detalla en detalle que algunos supuestos comedores carecen de nombres y solo tienen números de inscripción, como RNCM-0014375, que indica que no hay comedor o merendero como informan los vecinos, así como RNCM-0047862, que no se pudo confirmar.

En este momento, el departamento letrado del Ministerio de Capital Humano menciona la falta de control sobre estos y otros programas sociales. En ocasiones, los lugares no tienen nombres en el registro y solo se les atribuye un número de expediente, lo que incluso al realizar una inspección ocular se demostró que no existía.

El área legal de Capital Humano advierte que estas acciones podrían implicar un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y/o un fraude al Estado, ya que la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser "rifada" sin control, ya que esto permitiría que se cometa uno de los peores pecados: que la comida no llegue a los que más necesitan.