Denuncian indemnizaciones "truchas" a familiares de detenidos desaparecidos

En la última semana, el fiscal Federico Delgado solicitó al juez federal Ariel Lijo avanzar en la causa 8442/19 por estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica. Se trata de una investigación sobre los pagos realizados por los gobiernos kirchneristas en concepto de «reparación histórica» fa familiares de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. 

La Cornisa reveló, por primera vez en televisión, el listado completo de los montos y beneficiarios de la ley 24.411 de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem y que el kirchnerismo modificó para aumentar el universo de subsidios otorgados. Tras idas y vueltas judiciales, el ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Martín Guzmán, respondió la requisitoria judicial en diciembre del 2021 y entregó la información que el gobierno guardaba bajo siete llaves. La Cornisa accedió al documento en el que aparecen, al menos, 13 beneficiarios de cobrar una indemnización «trucha» ya que no serían víctimas de terrorismo de Estado. 

La Cámara Federal porteña le ordenó al juez Lijo continuar con la investigación ya que las pruebas periodísticas ofrecidas por el escritor José D´angelo, denunciante original de la causa, tienen «sustento». Entre las pruebas que reveló La Cornisa aparece el caso de Oscar Ramón Jesús Garavaglia que se fue de campamento con sus amigos en Mendoza hace 42 años y nunca más se supo de él. En posteos en redes sociales, su madre asegura que nunca cobró un subsidio en concepto de «reparación histórica» pero figura en el listado oficial. 

Otros casos que llamaron la atención de la justicia son los de Nora Marquardt que murió tras un asalto a un camión de caudales el 25 de noviembre de 1975. Su nombre no aparecía en el listado de la CONADEP. Rubén Haymal figura en los libros periodísticos como La Voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita como un traidor del ejército de Montoneros que fue ejecutado por sus propios compañeros. Sin embargo, el gobierno nacional decidió abonarle una suma millonaria a sus familiares por ser víctima de terrorismo de Estado. 

En concepto de la ley 24.411 del año 1994 por indemnizaciones a familiares de muertos y/o desaparecidos, se pagaron 7907 indemnizaciones por $145.458.425.334 (1455 millones de dólares) durante los gobiernos de Carlos Menem, 11.734 indemnizaciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por un total de $93.130.368.466 (aproximadamente 931 millones de dólares) mientras que la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri encontró 7318 pedidos de indemnización por exilios forzosos por más de 554 millones de dólares.

La suma total asciende a US$3000 millones de dólares. La justicia puso la lupa, por primera vez, en el listado que el gobierno nacional quiso ocultar.