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La influencia de la interna sindical en el sector se verá afectada negativamente por las reuniones de empleados promovidas por la CATT. En ese horario, habrá retrasos en el servicio ferroviario de la línea Sarmiento. El paro de la CGT del jueves 9 será apoyado por todos los medios de transporte.
Actualidad03 de mayo de 2024
PeriodismoyPunto
El lunes próximo, de 8 a 11, solo los colectivos y los trenes funcionarán normalmente. En el resto de los medios de transporte, en ese mismo horario, las reuniones de empleados organizadas por la CATT tendrán como resultado la suspensión de las operaciones en la práctica. La implementación de esta medida resultará en una manifestación en contra del gobierno liderado por Javier Milei, lo que tendrá consecuencias en el funcionamiento de los trenes de bajo nivel, en el transporte aéreo, marítimo y portuario, así como en el transporte de carga en vehículos.
De todas formas, los trenes de la línea Sarmiento tendrán retrasos de 8 a 11 horas debido a las asambleas organizadas por la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, liderada por el opositor de izquierda Rubén "Pollo" Sobrero. Estas asambleas no cumplen con la decisión del líder del sindicato a nivel nacional, Sergio Sasia, de que las medidas del lunes no afecten el funcionamiento normal del servicio ferroviario.
La decisión tomada por la CATT generó una disputa interna, ya que diez miembros del sindicato desautorizaron a Sasia, el líder de la entidad, este jueves después de que este había aclarado que la medida no implicaba un paro de actividades. Además, aseguraron que lo acordado en un plenario era "realizar reuniones en los puestos de trabajo con interrupción del servicio de todas y cada una de las actividades, de 8 a 11".
Según Asia, los tres sindicatos ferroviarios de la CATT (la Unión Ferroviaria, los señaleros y el personal jerárquico) llevarán a cabo asambleas de trabajadores el próximo lunes. Estas asambleas no tendrán ningún impacto en el servicio ferroviario y, en cambio, llevarán a cabo una volanteada entre los pasajeros para exponer sus demandas sin causar problemas a los usuarios.
Además, mencionó que en el plenario de la CATT del 26 de marzo pasado se determinó que "cada organización, según sus competencias y el contexto en el que se encuentra, implementará su método" de protesta a través de asambleas. Los diez líderes de la CATT que emitieron una declaración para corregir las afirmaciones de Sasia no son exactos.
El secretario adjunto de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Jorge García (taxistas), Raúl Durdos (SOMU), Néstor Segovia (metrodelegados), Graciela Aleña (viales), Marcelo Pariente (motoqueros), Roberto Coria (guincheros) y Javier López (apuntadores marítimos) firmaron la declaración que revela la dura interna en esa entidad del transporte.
Después de esa disputa, el lunes próximo se restablecerá el servicio de colectivos en el AMBA y ómnibus de media y larga distancia, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no forma parte de la CATT, sino que es una organización que compite con ella, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), junto con La Fraternidad y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, entre otros sindicatos del sector.
Por otro lado, la CGT ha decidido que todos los sindicatos del transporte participen en el paro general de 24 horas que se llevará a cabo el jueves próximo. La huelga tendrá un impacto significativo debido a que tanto las organizaciones gremiales de la CATT como de la UGATT se unirán a ella.
Este jueves, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Gobierno está considerando posibles medidas contra aquellos que promuevan paros en el transporte el jueves 9 y anticipó que "la idea es garantizar que todo aquel que quiera movilizarse, especialmente aquellos que van a su trabajo, lo puedan hacer".
Sin embargo, el Gobierno eliminó un artículo cuestionado por el sindicalismo del capítulo laboral de la Ley Bases. Este artículo regulaba el derecho de huelga en servicios esenciales como el transporte, la educación y la salud, con la obligación de garantizar un 50% o 75% del trabajo normal. El DNU 70 contenía ese mismo artículo, pero fue detenido por la Justicia. El proyecto de Ley Bases fue incluido una vez más por el Poder Ejecutivo, pero fue retirado debido a la presión de la CGT y la necesidad de lograr un mayor consenso político para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados.

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