La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras decidió adquirir una aeronave para la provincia, para ello desembolsó 4 millones 300 mil dólares, a través de una empresa intermediaria con sede en la ciudad estadounidense de Georgetown. La compra se convirtió en escándalo cuando se conoció que el valor real del avión era de unos 2.3 millones de dólares, es decir la mitad de lo que pagó el gobierno patagónico.

La maniobra alertó a la oposición que de forma conjunta pidió explicaciones sobre la gestión. También los entes de control de la provincia, hicieron lo propio, ya que el Tribunal de Cuentas abrió una auditoría de oficio y conformó una comisión de análisis para “la contratación, con una licitación pública, de una aeronave Cessna Citation V Ultra a la firma Gantt Aviation INC destinada a vuelos sanitarios”, según consta en su informe.

Por su parte, el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Fabián Gatti solicitó pedidos de información a la Secretaría General provincial, dando inicio a una potencial investigación judicial sobre el hecho.

Mientras tanto, el gobierno rionegrino justificó el sobreprecio en la transacción, aduciendo que se le ha agregado equipamiento sanitario, lo que elevó los costos. A través de un comunicado, expresó lo siguiente: “el pliego de bases y condiciones que establece un monto de la licitación, adjudicada en 4.234.990 de dólares a la firma Gantt Aviation Inc, incluye: La aeronave con todo su equipamiento y un servicio de formación e instrucción de cuatro pilotos y un mecánico por U$S 3.500.000”.

También, “un plan de mantenimiento programado y correctivo por dos años o 400 horas de vuelo por U$S 485.000 y un kit sanitario nuevo con todos los requisitos para conformar una Unidad de Terapia Intensiva, incluyendo una cápsula COVID, por 249.990 dólares”.

En el mismo informe se explica que “el proceso de compra de la nueva aeronave para servicio sanitario y/o transporte de personas y carga cumplió favorablemente con todos los pasos de un proceso administrativo de estas características”.

Sin embargo, la aclaración oficial dejó sabor a poco ya que varios especialistas del mercado aeronáutico refirieron que se pagó demasiado por un modelo antiguo, de 1994, y con poca demanda. Además alertaron que la intervención de una empresa, que no era la propietaria de la aeronave, aumentó los costos sin justificación alguna, ya que en el sitio web de venta el valor era de 2.3 millones de dólares, mucho menos de lo que se terminó abonando.