Diputados y diputadas de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, por irregularidades en la contratación de un trabajo de dragado en un tramo entre el Río Paraná y el Río de la Plata. Concretamente, los «lilitos» acusan al diplomático de hacer lobby por una empresa del país asiático.

Se trata de una ampliación de la denuncia presentada el 30 de marzo por Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Maxi Ferraro, que tiene relación con delitos contra la administración pública «que habrían tenido lugar durante las gestiones para la contratación del dragado de la Vía Navegable Troncal – VNT (tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el RÍO DE LA PLATA exterior)». El caso lo tiene el juez Julián Ercolini.

En su presentación, los diputados mencionan “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con la función pública” por parte de funcionarios públicos de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), que habrían terciado en favor de una de las empresas que se presentó a licitación.

«En este caso, AGPSE estaría asumiendo responsabilidad en las fallas que las ofertas técnicas perdidosas presentaron. Según nuestro entender, la posibilidad que brinda la normativa vinculada con el régimen de contrataciones de la administración pública para aclaraciones es muy amplia. Si de las cuatro empresas una de ellas entendió correctamente, es dudoso, cuanto menos, la equivocación de las otras», plantean los diputados.

Por ello plantean que dejar sin efecto dicha licitación por fallas de la propia AGPSE «no parece una razón suficiente ni lógica pues vulnera el derecho de los demás oferentes», a la vez que no resuelve el problema del dragado en la ruta marítima mencionada.

«Se percibe que la intención abierta es que se genere una nueva licitación con cláusulas “a medida” para que las empresas que de alguna manera presionaron, no se vean afectadas en esta primera etapa», explica la denuncia.

Las pruebas

En el apartado número tres denominado «Aporta nuevos elementos de prueba», los legisladores de la CC detallan que solicitaron un pedido de acceso a la información pública que les produjeron aún más sospechas.

Una de ellas tuvo relación con que las notas de impugnación de las licitaciones no se centraron en los temas técnicos de dichas presentaciones. Agregan, además, «que las impugnaciones no solo no surtieron efecto por que no lograron modificar el dictamen original, sino que contenían serias adjetivaciones subjetivas que ocultaban el interés de generar dudas sobre muchos aspectos del proceso licitatorio».

Por el otro, desde la AGPSE adjuntaron una carta que la compañía china Shangai Dredging envió al embajador en aquel país Sabino Vaca Narvaja, fechada semanas antes del dictamen técnico que volteó la licitación.

“Esta Carta es un escándalo que no solo confirma el rol de lobbista de Vaca Narvaja defendiendo los intereses de China, sino que perjudica las frágiles relaciones internacionales ubicándonos como una nación servil y sometida al régimen chino”, aseguró Mariana Zuvic, quien presentó la primera denuncia que fue ampliada posteriormente por sus compañeros de espacio.

En la misiva, la compañía sino pide que la licitación «se lleve a cabo en un ambiente justo y equitativo, garantizando el mejor resultado que beneficie al país y al pueblo argentino». Posteriormente, la carta detalla que una «resolución favorable» ayudaría al país con influencia política, cooperación multilateral por beneficio compartido y ahorro en divisas para el gobierno argentino.

Los diputados destacan el punto referido a la influencia política. «La forma en que se encuentra redactado el párrafo, verificaría explícitamente una confusión de límites entre lo público y privado, ya que se intenta justificar su posición de interés como empresa privada (en la licitación), en base a las negociaciones de Estado entre los líderes de ambos países», denuncian.