El juez de Garantías Guillermo Atencio dispuso la prisión preventiva del exconcejal massista Facundo Albini y de su padre, Claudio Albini, tras considerarlos integrantes de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado.
Actualidad26 de diciembre de 2023 Periodismo y PuntoEl juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, dispuso la prisión preventiva del exconcejal y dirigente massista, Facundo Albini, así como también de su padre (Claudio), ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires. Ambos fueron señalados por el juez como integrantes de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado, en el marco de investigación de la causa denominada mediaticamente "Chocolate", por el puntero platense del PJ, Julio Rigau, a quien detuvieron mientras sacaba fondos de un cajero automático con 48 tarjetas de débito pertenecientes a la Legislatura.
Atencio convalidó la hipótesis de la fiscalía que indicó que los Albini eran parte de una asociación ilícita mediante la contratación de agentes en Diputados a los que les cobraban todo o un porcentaje de su sueldo. No obstante, disiente con la fiscal Betina Lacki en cuanto al rol de Claudio Albini: Atencio cree que el manejo que permitió malversar -por lo menos- 800 millones de pesos tiene otros escalones políticos superiores.
"Nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones", explicó Atencio en su resolución apuntando contra los legisladores.
"No me parece razonable que (toda la organización) pueda reducirse a un empleado de categoría inferior (por 'Chocolate' Rigau) a un director de área ajeno a las contrataciones (por Claudio Albini) y a quien ni siquiera permanece a la planta", añadió.
Sin pruebas contundentes que sustenten su teoría, Atencio dictó prisión preventiva contra los Albini quienes seguirán detenidos hasta que termine el proceso y se llegue a juicio oral.
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A pesar de las acusaciones de corrupción que rodean a Julio "Chocolate" Rigau, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires realizó una investigación administrativa que no encontró faltantes de dinero ni irregularidades en los nombramientos, generando controversia sobre la objetividad del proceso.
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