Este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que, en efectivo cumplimiento del protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se le facturarán 60 millones de pesos a las organizaciones sociales por el costo del operativo de seguridad que debieron montar las Fuerzas en la última manifestación. "Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto", adelantó Adorni.
"En línea con la reducción de los gastos de la política y del gasto público, nos llena de satisfacción que se haya entendido que llegó el tiempo del ciudadano o que quedó atrás el tiempo del privilegio político", agregó el funcionario al comienzo de la conferencia de prensa.
En la misma línea, el portavoz informó que el Gobierno denunció a 32 dirigentes sociales por el delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales. "La denuncia ha recaído en el tribunal del doctor Casanello y en la fiscalía de Gerardo Pollicita", indicó.
"El total de denuncias que recibió la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada; o sea que se podía relacionar con el delito de extorsión", añadió.
Seguidamente, precisó: "Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 con el detalle de quiénes son y en qué organización operan". Bajo ese pie, sostuvo que desde Nación van a "intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo porque no le corresponde a la ciudadanía".
"Hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que les pasaremos", detalló sobre los costos que deberán abonar. Por último, señaló que en total "se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas".
