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La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sumó un nuevo revés: está imputada por administración fraudulenta por el presunto desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de su gabinete.
Según detalla Clarín, la lista de personas acusadas incluye a Alejandro Scozzari y la denuncia se amplió haciendo foco en él. Cuenta con una amplia red de empresas. Una de ellas recibió $ 85 millones del municipio y otras contrataciones directas.
El dato más llamativo y sobre el que apuntan ahora la investigación es que Scozzari tiene como gerente en una de sus empresas a Sebastián César Daer, ex esposo de Mendoza y actual funcionario de AFIP.
Pero también tiene negocios con Sebastián Raspa, el funcionario de Quilmes que renunció a su cargo en el municipio cuando estalló el escándalo de los contratos a cooperativas. Varias estaban vinculadas con él.
Los fondos bajo sospecha salían de la secretaría de Hábitat y Obras Públicas. Por ahora, la intendenta de La Cámpora sostuvo que todo responde a una “operación” y “persecución en su contra”.
La causa inició con la imputación del fiscal federal Ramiro González y bajo investigación hay cuatro cooperativas y fondos del municipio.
La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
