En el marco del programa «Regularización de Empleo Público», creado en 2021, el gobierno nacional consensuó con los gremios UPCN y ATE que aquellos empleados de planta transitoria con cinco años o más de antigüedad en el Estado sean incorporados a planta permanente. Actualmente, reúnen esos requisitos alrededor de 29.000 personas.

Según se estipula en la Base Integral de Empleo Público, los trabajadores de la administración central, que incluye a la Presidencia, sus dependencias, los ministerios, secretarías, oficinas dependientes entes y organismos descentralizados, como el INDEC, con excepción de las fuerzas armadas y de seguridad, ascendieron a 194.237 en febrero de este año.

Dentro de este universo, unos 127.040, forman parte de la planta permanente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), los números se invierten y sólo 20.388 personas son «permanentes».

Así las cosas, el gobierno de Alberto Fernández buscará pasar a 29 mil de los 46.178 empleados del SINEP a planta permanente; lo que incrementaría el staff estatal en alrededor del 23 por ciento.

El sueldo promedio de los trabajadores que pasarán a planta permanente oscila entre los 63 mil y los 70.500 pesos brutos. Y el 65% de ellos desempeñan funciones en la ciudad de Buenos Aires.

Este pase quedó plasmado en la decisión oficial 449/2021, la cual detalla cuántas personas se sumarán a diferentes áreas del Estado. Las que mayor número de agentes sumarán son el Ministerio de Trabajo (829), el Ministerio de Desarrollo Social (727), la Dirección Nacional de Migraciones (689), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (631) y el Renaper (484).

En los últimos meses, se aceleraron los llamados a convocatoria de distintos organismos, a través de resoluciones oficiales. El viernes pasado, por ejemplo, se abrieron cinco cargos en el Instituto Nacional del Agua. El día anterior, para 180 personas en el Ministerio de Turismo y Deportes y, el lunes, 154 vacantes en la Anmat, que depende del Ministerio de Salud.

A pesar de que desde el Gobierno sostienen que este movimiento masivo de trabajadores no tendrá efectos en el gasto público, la recategorización de los empleados implica lo contrario.