Desvío de dinero destinado a fines sociales: Eduardo Belliboni está muy cerca de enfrentarse a un juicio oral.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni, jefe del Polo Obrero, acusado de administración fraudulenta contra la administración pública, por el uso indebido de fondos de los planes sociales, amenazas y extorsión. Así, Belliboni y otros 16 líderes de su partido están cerca de enfrentar un juicio oral público.

Belliboni y otras dieciséis personas están siendo investigadas por ofrecer unirse al plan Potenciar Trabajo, que en ese momento había dado el ex Ministerio de Desarrollo Social del ex presidente Alberto Fernández. Esto lo hacían a cambio de participar en marchas y movilizaciones, amenazando con quitar el subsidio si no lo hacían.

La confirmación fue votada la semana pasada por los jueces de la sala IV de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron apelaciones porque no eran admisibles.

En su voto, Carbajo afirmó que "las razones presentadas para apoyar las impugnaciones se limitan a la expresión de desacuerdo de las partes con lo decidido por el tribunal al rechazar las solicitudes de nulidad y confirmar el procesamiento y las medidas cautelares tomadas respecto a los apelantes".

Barroetaveña votó igual que Carbajo y luego se unió a Hornos. Se rechazaron “los recursos de casación presentados por los abogados de Belliboni, Centanni, Dotti, Lubenfeld, Ortíz, Coego, Palma, Delgado Vilches, Cantero, Puppo, Candotti y Vásquez –doctores Liliana Alaniz y Eduardo Penllo–; la abogada defensora de Paraguay Estrada –doctora Jennifer Giura–; la defensora de Grande Arancibia –doctora Samanta Haydee Pedrozo– y el defensor de Albornoz -doctor Albino Stefanolo”.

El año pasado, el juez Sebastián Casanello procesó a todas las personas denunciadas por el ministerio de Seguridad, pero solo por haber cometido un fraude al Estado debido al mal uso de los fondos públicos de los planes. Luego, la Cámara Federal de Buenos Aires añadió los delitos de amenazas y extorsión.

Tanto los acusados como la Oficina Anticorrupción y la organización Poder Ciudadano apelaron los procesamientos. La Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, formada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmó estos procesos con algunas modificaciones importantes.

El tribunal indicó que “los acusados, además de manejar de manera fraudulenta fondos destinados a cubrir necesidades sociales a través de unidades de gestión y desviar el propósito del programa estatal para su propio beneficio -perjudicando al erario público-, exigían a los beneficiarios, para no perder el plan social que les habían asignado, que asistieran a manifestaciones, lo que afecta claramente su libertad personal, y que dieran un porcentaje de su salario recibido del Estado, afectando así su patrimonio.”

El delito relacionado con las presiones para participar en movilizaciones y piquetes es el de amenazas. También, exigir un porcentaje del plan social para seguir recibiéndolo se considera extorsión.

La investigación judicial encontró una trampa que consistía en desviar fondos públicos que, después de firmar varios acuerdos, el Estado nacional enviaba a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Los acuerdos -hechos con el ministerio de Desarrollo Social- tenían como objetivo asegurar el dinero del Programa Potenciar Trabajo para los beneficiarios finales.

Esos documentos ponían a las organizaciones sociales como intermediarias.

El Estado Nacional hizo pagos a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (como parte del Salario Social Complementario) por trabajos que, "en la mayoría de los casos, ni siquiera se realizaron". De esta manera, no solo se falló en el objetivo que se había planeado, causando un daño a las finanzas del Estado (ya que se gastó dinero en actividades que, en muchos casos, no se llevaron a cabo), sino que, además, aprovechándose de su poder, retuvieron de forma incorrecta una parte del dinero que correspondía a los titulares del programa”, explicó Casanello en la decisión que ordenó el procesamiento de los piqueteros.

Durante el gobierno de los Fernández, al igual que en gestiones anteriores del kirchnerismo, hubo una particularidad: los piqueteros estaban en ambos lados del mostrador. Los más activos, como Belliboni, están en la calle protestando, mientras que los peronistas, como Pérsico, actúan como funcionarios en el área y eligen cómo se usarán los fondos.

El juzgado informó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se firmaron cinco acuerdos con la Secretaría de Economía Social. Antes de eso, pidieron formarse como Unidades de Gestión, es decir, "intermediarios". Una vez que hicieron ese trámite, gestionaron 361 millones de pesos en subsidios institucionales.

El juez decidió que el dinero que no estaba relacionado con los gastos de las facturas falsas se usó para apoyar y financiar las actividades del Polo Obrero.

En otras palabras, la decisión del tribunal mencionó a varias personas que pertenecen a las organizaciones 'Asociación Polo Obrero' y 'Cooperativa El Resplandor Ltda.'. Estas personas "habrían manejado de manera incorrecta al menos una parte de los fondos públicos que se les confiaron en acuerdos realizados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del mencionado programa 'Potenciar Trabajo'".