Caso de los seguros: Alberto Fernández solicitó la recusación del juez Julián Ercolini y su retirada del caso
Según él, es por miedo a la parcialidad. También nombró a la ex abogada de César Milani como su abogada.
Después de un período de varias semanas desde el inicio de la investigación, en la que se le imputó una doble acusación por presuntos delitos de corrupción, el ex presidente Alberto Fernández contrató un abogado y su primer acto ante la justicia federal fue recusar al juez encargado del caso, Julián Ercolini. Pide que se abstenga de intervenir en el expediente que abarca 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA después de un Decreto presidencial, con la participación de intermediarios y brokers, incluyendo a un amigo del ex mandatario.
La situación que comenzó con la revelación de Clarín acerca de los acuerdos que Nación Seguros había suscrito con ANSES mediante el uso de intermediarios se transformó en una situación complicada. Se incluyeron 45 acuerdos de diferentes entidades gubernamentales, la presunta participación de 25 intermediarios y un total de 3.453.302.777 pesos, lo que equivale a 17 millones de dólares en comisiones que se han erogado de fondos públicos, según el tipo de cambio actual.
En esta investigación, el ex presidente tiene dos acusaciones. La portada enumera los presuntos delitos que presumiblemente habría cometido, incluidos abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de fondos públicos.
Alberto Fernández no se había presentado en el expediente hasta este miércoles, cuando decidió recusar al juez Ercolini, a pesar de las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó bajo sospecha, así como una inhibición general de bienes junto al levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Según él, ha sido víctima de una persecución por parte del magistrado y ha negado cualquier evidencia legal que respalde las acusaciones penales. Por lo tanto, ha nombrado a Mariana Barbitta como su abogada, quien a su vez representa al ex general César Milani en otro expediente judicial.
En una carta de más de 80 páginas, Alberto Fernández expresó su temor por la influencia del juez Ercolini en la instrucción del caso y por lo tanto, reconoce que debe ser rechazado.
El escrito de la abogada de Alberto Fernández, que Clarín recibió, comienza diciendo: "Invito a la excusación, y subsidiariamente promuevo formal recusación, respecto de la intervención como Magistrado del Dr. Julián D. Ercolini".
Aunque la recusación hace referencias "personales", no se cuestionan aspectos "personales" al juez del caso, a quien Alberto Fernández conoce desde hace décadas. En cambio, el planteo se enfoca exclusivamente en las razones que lo impiden participar en el proceso de estas acciones para garantizar el debido proceso legal, según Alberto Fernández.
"Garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por Magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda", según el texto.
El ex presidente mencionó que se considera amigo del juez Ercolini, una declaración que nunca había hecho en público. "Durante años, y al menos desde mi perspectiva -y de lo que cualquier tercera persona podría considerar- hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad, estrecha".
Luego indicó que durante su mandato como presidente de la Nación, mantuvo discrepancias con el juez hasta el punto de realizar una cadena nacional para informar que presentaría una denuncia contra él por el viaje a Lago Escondido, investigación que resultó en la eliminación de la comisión de delitos y su finalización.
En otra parte de su carta, Fernández expresó su preocupación debido a que uno de los magistrados cuya conducta necesitaba una investigación en el contexto de un escándalo público lo estaba perseguido sin razón aparente.
Antes de llegar a la Casa Rosada, Fernández hizo comentarios severos en contra de Ercolini. En una entrevista, había cuestionado a los jueces que estaban investigando a Cristina Kirchner y afirmó que tendrían que "dar explicaciones". Luego agregó: "En algún momento, Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani tendrán que explicar las tonterías que escribieron para mantener el poder".
La causa y el progreso
En este momento de la investigación, se están examinando documentos firmados por miembros de varios organismos del Estado que indican la contratación de intermediarios en la adquisición de seguros antes de la firma del Decreto en cuestión. La ley otorgó al Estado Nacional la exclusividad en la contratación de Nación Seguros SA, lo que permitió la participación de intermediarios.
Se está investigando si la acción inicial que motivó la investigación penal ocurrió durante el mandato de Alberto Fernández. El ex líder no emitió ninguna declaración al respecto.
Durante el mandato de Fernández, se pagaron 3.213.341.098 pesos en forma de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras. Debido a que algunos de los contratos permanecieron en vigor después de que Javier Milei asumió el cargo, la cantidad de pagos acumulada hasta el cierre del informe es de 3.453.302.777 pesos.
Nación Seguros proporcionó un detalle en un documento que está incorporado a la causa que demuestra una diferencia significativa en las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros.
A pesar de que hay 25 corredores de opciones involucrados, solo cinco de ellos obtuvieron una ganancia de 2.782.170.946 pesos sobre los 3.453.302.777 erogados por el Estado en un lapso de cuatro años. Corresponden al 80,56% de las comisiones abonadas.
Investigaciones sobre el patrimonio
Además del expediente principal dirigido por el juez Ercolini, se ha iniciado una investigación relacionada con el patrimonio que está asignada a la fiscalía de Carlos Rívolo. La apertura tuvo lugar después de la orden de inhibición de los bienes de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, su compañero de inversión Héctor Martínez Sosa, la esposa de Martínez Sosa y la secretaria privada de Fernández, María Cantero, junto con una amplia lista de intermediarios.
En este caso, existen dos aspectos principales: si las tarifas del Estado se ajustan a los valores de mercado, y si las contrataciones se llevaron a cabo mediante procedimientos irregulares, como licitaciones dirigidas. El ex Presidente es acusado por la justicia de haber obstaculizado la transparencia y la competencia real en los procesos judiciales.
Además, se incluyen dos cooperativas en la causa patrimonial: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Clarín informó que las mismas están siendo investigadas debido a la sospecha de que podrían haber sido utilizadas para canalizar las comisiones que el Estado pagó.
El fiscal Rívolo está a cargo de todo el expediente. Después de la eliminación del secreto fiscal y bancario, se solicitó la participación de la PROCELAC, liderada por el fiscal Diego Velasco, para intensificar la interconexión de datos bancarios. Rívolo mencionó en ese momento que buscaba determinar posibles acciones de lavado de activos.
En consecuencia, el ámbito judicial de Alberto Fernández cuenta con una investigación patrimonial y un expediente principal enfocado en descubrir la supuesta actividad delictiva relacionada con los acuerdos suscritos con Nación Seguros, organizaciones del Estado y la intermediación de corredores.